Defensor: “No podemos permitir que se desborde el conflicto y enfrente a bolivianas y bolivianos”
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, emplazó este jueves a los sectores y actores parte de la situación de conflictividad en el país a deponer actitudes y evitar la vulneración de derechos humanos de poblaciones en situación de vulnerabilidad, sobre todo, al Estado a propiciar un espacio real de diálogo.
“Emplazamos a todos los actores involucrados en esta conflictividad a que, en el caso de los movilizados depongan actitudes intransigentes y se pueda generar puentes humanitarios para evitar afectaciones a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Asimismo, exhortamos y exigimos al Estado a que pueda generar un espacio real, público, transparente de diálogo para que estos problemas que tiene que ver con demandas legítimas y que no generen espacios de impunidad puedan ser atendidos adecuadamente”, afirmó en ocasión de la presentación del Tercer Reporte del Comportamiento de la Conflictividad en Bolivia.
Exhortó al Ministerio Público a generar un espacio serio de investigación de la existencia de grupos paraestatales y el uso de armas en ciertos puntos de bloqueo.
“Advertimos la desigual aplicación del poder del Estado, porque, así como se ha procesado y detenido a personas con petardos y otros elementos destinados a protestas sociales, hay otros espacios como los del 17 de septiembre, que se han ido suscitando con grupos (paraestatales), generando violencia con petardos de grueso calibre y otros insumos que no se ha investigado”, remarcó.
El Defensor del Pueblo informó que, en los diez días de bloqueos (hasta ayer), se contabilizó cuarenta y tres personas detenidas, treinta y uno de ellas puestas en libertad, dos procesados en libertad, dos con detención preventiva (cárcel San Pedro), siete con detención domiciliaria y una con medidas sustitutivas.
El tercer informe de conflictividad en Bolivia presentado por el Defensor del Pueblo reporta que, entre julio y septiembre de la presente gestión, los derechos más vulnerados fueron los laborales y políticos.
De los 136 hechos de conflictividad registrados en el Sistema Inteligente en Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (SIMAT) durante el tercer trimestre del año, cincuenta representan vulneraciones al derecho al trabajo y empleo, seguido del derecho político (27), derecho al medioambiente (17), derecho a la propiedad privada (12), derecho a la salud (6), derecho a la educación (6), entre otros, principalmente concentrados en el eje central del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.).
Recordó que, es el Estado el llamado a generar espacios de diálogo real, transparente y público, no solo cumpliendo la formalidad de una convocatoria sino generando los espacios para su desarrollo.
Rdc/dea
