

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne
El ministro de Justicia, Iván Lima, inició con la recepción, diseño e implementación de un plan estratégico de reforma judicial, como política de Estado. Indicó que la reforma que consta de seis ejes trabajará en resolver problemas centrales de la retardación de justicia que afecta a más de 300.000 familias del país.
El plan estratégico busca que la justicia sea oportuna, eficiente, transparente y eficaz, con el objetivo de atender las necesidades de los ciudadanos que acuden cada día a los estrados judiciales sin tener ninguna respuesta, la que debe basarse en un balance del conflicto en la distribución “uniforme” de jueces; y con un sistema de acceso en igualdad de condiciones.
Los ejes de la reforma judicial son: el balanceo del conflicto, sistema de acceso a la justicia, independencia judicial, soluciones TIC, desarrollo normativo y transparencia institucional, los que fueron presentados hace un par de semanas.
El proceso de reforma judicial avanza con la recolección de sugerencias y propuestas de actores políticos y sectores sociales de los nueve departamentos del país en un plazo determinado de 30 días, y el mismo tiempo para iniciar con la sistematización, y otro similar para establecer el presupuesto.
Según datos del Consejo de la Magistratura, actualmente cada juicio ordinario le cuesta al Estado 3.568 bolivianos, mientras que en la jurisdicción agroambiental le representa 5.915 bolivianos.
Además, en la actualidad y a nivel nacional existe en promedio un juzgado por cada 8.361 habitantes y de esa cifra global, en ciudades capitales, se cuenta con uno por cada 12.671 y en provincias uno por cada 6.098.
Asimismo, como meta del Ministerio de Justicia es elevar el nivel de confianza de la población que, según datos de la Comisión Andina de Juristas es “baja”, por lo que se debe trabajar de manera coordinada “entre todos” para que la justicia llegue a todos los bolivianos.
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