Fiscalía pide la reclusión de Camacho en Chonchocoro porcaso “Golpe de Estado I”
El Ministerio Público imputó este jueves al actual gobernador cruceño y expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, donde se solicita por riesgos procesales la detención preventiva por el periodo de seis meses, en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, por su participación en el “Golpe de Estado I” en noviembre del 2019.
Camacho interceptado y aprehendido el miércoles por la tarde en Santa Cruz y trasladado a la ciudad de La Paz, fue imputado por los delitos de terrorismo y otros tipos penales tras acogerse al derecho al silencio en su declaración informativa que debió prestar ante el fiscal asignado, Omar Mejillones.
Este pernoctó en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde aguarda su audiencia cautelar vía virtual, donde comparecerá ante la autoridad jurisdiccional. El Ministerio Público demostrará en su alegato que la orden de aprehensión fue legal de un proceso que data de fecha 28 de noviembre del 2020.
Camacho, es investigado por el delito de terrorismo y otros tipos penales debido a su participación activa en los luctuosos hechos de noviembre del 2019 que derivaron en una ruptura constitucional y consecuentemente las masacres de Senkata, Sacaba que se cobró la vida de 36 personas, cientos de heridos y detenidos.
El Ministerio Público dejo establecido que la decisión fiscal, no se trató de un secuestro o persecución política, por el contrario, fue emitida en el mes de octubre de este año y cuenta con control jurisdiccional del Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Asimismo, Camacho, tiene pleno conocimiento de dicho proceso desde su inicio, en fecha 28 de noviembre de 2020, conforme dispone el ordenamiento jurídico boliviano.
En el marco de un debido proceso, las actuaciones cumplidas por la Policía Boliviana y el Ministerio Público se ajustan a lo previsto por el Art. 226 de la Ley Nº 1970, respetando en todo momento los derechos y garantías constitucionales de los sujetos procesados, así como las normas procesales aplicables al caso.
El caso “Golpe de Estado I” se inició a denuncia de la exdiputada Lidia Patty, quien interpuso la acusación a finales del 2020. En el proceso penal figuran la exsenadora Jeanine Áñez y los políticos que allanaron el camino ilegal en noviembre de 2019, entre ellas Camacho y su padre.
