Justicia espera un presupuesto apropiado que no sea la precaria asignación del 0.50% del PGN
La Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia reunida en sesión extraordinaria el fin de semana, acordó hacer público un pronunciamiento, donde piden un presupuesto apropiado para el 2023 que supere la “precaria asignación” que se dio este año y que ascendió al 0.50% del presupuesto total del Presupuesto General Nación 2022.
El documento establece que ante la aprobación del Presupuesto General del Estado para el 2023 por la Cámara de Diputados, las juezas y jueces del país se encuentran alertas en la espera de la asignación del Presupuesto para el Órgano Judicial principal estándar para garantizar la independencia en su dimensión institucional, toda vez que la precaria asignación de recursos que no llega ni al 0.50% del Presupuesto total del Estado vulnera principalmente el acceso a una justicia pronta y oportuna reconocida constitucionalmente a todo habitante del país.
Recuerdan al Estado que el Órgano Judicial es un poder componedor del Estado como el Ejecutivo y Legislativo con funciones no menos importantes, al contrario, tienen el mandato constitucional de hacer funcionar el aparato de sistema de división de poderes y el control del Poder del Estado, y precautelar el cumplimiento de la Constitución y las Leyes.
Por otro lado, una vez más se evidencia la ausencia de voluntad política para atender las recomendaciones del Informe del Relator Especial Diego García-Sayán sobre la independencia de los Magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas a invitación del propio Gobierno que taxativamente señala:
El Estado debe dotar de recursos apropiados al órgano judicial; dicha dotación podría establecerse por ley, con un porcentaje mínimo del presupuesto nacional. El presupuesto debe poder abordar una mejora de sueldos de los operadores de justicia, la creación de nuevos juzgados, la formación del personal y que el órgano judicial mejore su cobertura en todos los municipios del país.
Hoy reiteran el pedido de Independencia Judicial reconocida en la constitución, esta vez a través de su pilar de Autonomía Presupuestaria y públicamente solicitan “el incremento de la asignación de un presupuesto que garantice condiciones del servicio de las y los operadores de justicia conforme al incremento de las necesidades cada día crecientes en los 339 municipios que componen nuestro Estado y la restitución de los salarios que se vieron vulnerados con el recorte presupuestario de 2021 que alcancen a cubrir la planilla presupuestaria de personal del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunales Departamentales, Consejo de la Magistratura y Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial, que está compuesta por ítems distribuidos en 26 niveles de remuneración básica”.
“Sin independencia judicial no existen derechos humanos, sin independencia judicial, no existe democracia, sin independencia no existe justicia”, señala el pronunciamiento.
