Fiscalía requerirá 30 años de pena para exministros de Añez en caso gases del Ecuador

En la acusación formal que presentó el Ministerio Público para el juicio oral, requerirá 30 años de cárcel para tres exministros del Gobierno de facto de Jeanine Añez, Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizarraga, quienes fueron declarados en rebeldía y acusados en grado de autoría, por delito de tráfico de armas e incumplimiento de deberes, por la internación ilícita al país de 5.000 agentes químicos en calidad de préstamo desde la República del Ecuador, durante la crisis social de noviembre de 2019.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, en el juicio oral solicitará la pena máxima de 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, precisó este miércoles el Fiscal Departamental de La Paz, William Alave Laura.

“Como Ministerio Público, se ha emitido la acusación formal dentro del caso Gases Ecuador, y durante la investigación se colectaron 115 pruebas documentales y 48 testificales, como el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, donde figura un militar y un policía boliviano, los planes de vuelo de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, donde viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia, además de la solicitud de devolución de los agentes químicos de la República del Ecuador, entre otros que serán presentados ante el juez durante el juicio”, indicó.

Por su parte, el Fiscal Anticorrupción, Bladimir Bolívar, dijo que dentro de la acusación se llegó a determinar la participación de militares y policías en la internación ilícita de agentes químicos al país (granadas, gases y proyectiles de largo y corto alcance), en calidad de préstamo del Ecuador, durante la crisis social que atravesó Bolivia en noviembre del 2019, aspecto que permitirá agravar la pena a 30 años de cárcel.

“Esta solicitud está fundamentada de acuerdo al artículo 141 del Código Penal, en el inciso V, que indica que la pena será 30 años de presidio, sin derecho a indulto, si el tráfico ilícito fuera realizado por personal militar o policial. En este caso hubo participación de ambos, militar y policial”, dijo Bolívar.

De acuerdo a la investigación, el hecho se registró el 15 de noviembre de 2019, cuando se habría desarrollado una reunión de los exministros acusados en Palacio de Gobierno junto al excomandante en Jefe de las FFAA y el excomandante General de la Policía Boliviana y otras autoridades, donde se tocaron varios temas y entre ellos la falta de material antidisturbios para enfrentar la situación de crisis en el país, según declaraciones testificales, la solicitud la hicieron el exministro de Defensa y de Gobierno a iniciativa de la ex Ministra de Comunicación.

En ese momento, la exministra de Comunicación salió de la reunión y regresó con la noticia de que habría coordinado el préstamo de equipos antidisturbios con el Ecuador y que debía hacerse el trámite logístico para el recojo.

Luego, los exministros de Gobierno y Defensa coordinaron con los comandantes del Ejército y de la Policía para designar personal de ambas instituciones, quienes fueron llevados directamente desde Palacio de Gobierno en helicóptero hasta el Hangar de los Diablos Negros de la ciudad de El Alto, para constituirse a Ecuador y recoger los agentes químicos y traerlos a Bolivia, para luego repartirlos entre militares y policías.