En 2023, cada tres días hubo una violación a la libertad de prensa en Bolivia

Periodistas son agredidos (Imagen de archivo)

Agresiones físicas y psicológicas, amenazas, incumplimientos al deber de protección e impedimentos de acceso a la información a periodistas fueron las vulneraciones más recurrentes contra la libertad de prensa en Bolivia durante el año 2023, acumulando un total de 143 violaciones que muestran que cada tres días hubo una transgresión contra esta libertad. Los datos corresponden al Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS, que se aboca a hacer un seguimiento diario al estado de las libertades fundamentales en Bolivia, entre ellas la libertad de prensa.

Las 143 vulneraciones a la libertad de prensa se desagregan en 30 casos de agresión física o psicológica contra periodistas, 28 amenazas o amedrentamientos, 23 incumplimientos al deber de protección de periodistas, 20 impedimentos de acceso a la información, 13 estigmatizaciones, siete ataques a medios de comunicación, siete incumplimientos al deber de investigación y sanción, seis actos de censura, cinco violaciones a la reserva de fuentes, dos casos de asignación discriminatoria de publicidad oficial y un caso de criminalización y otro de incumplimiento al debido proceso.

Los actores que más vulneran la libertad de prensa se dividen en dos grupos principalmente: La Policía Nacional y grupos de personas, ambos con 34 registros. Le siguen autoridades del ejecutivo nacional (11 registros), cooperativas mineras (10), autoridades del Órgano Judicial (9), el Ministerio Público (6), entre otros.

El Observatorio de Defensores de Derechos, además, precisa que, de los 143 casos, 108 responden a ataques directos contra periodistas o trabajadores de la prensa, y 35 fueron perpetuados contra medios de comunicación.

Agresiones

Las agresiones contra periodistas es la categoría de monitoreo con mayor cantidad de registros en 2023, con 30. Destacan los casos de agresión de policías, por ejemplo, al periodista Miguel Angel Rivero y Joel Orellana, ambos de Unitel, el 1 de enero de 2023, en la cobertura de las protestas por la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Otros dos casos similares se dieron en la gasificación “intencional” contra dos mujeres periodistas: Helga Velasco de Cadena A y Carla Mercado de Unitel, en la cobertura de las manifestaciones del Magisterio Urbano de La Paz (17/03/23); o la agresión directa de un policía al periodista Marco Antonio Torrez, del canal F10, cuando fue filmado siendo aprehendido por protagonizar una balacera en Desaguadero (2/10/23).

Pero las agresiones no sólo provienen de parte de policías, sino también de grupos de personas que atentan contra el trabajo periodístico. Ocho periodistas fueron agredidos por personas afines al MAS que salieron a las calles de la ciudad de La Paz para encarar y enfrentarse a quienes se autoconvocaron para exigir la libertad de los presos políticos (10/01/23).

Los cooperativistas mineros ingresan también en esta categoría. El 16 de junio de 2023, trabajadores de la cooperativa minera La Luminosa de la ciudad de Oruro atacaron y destruyeron los equipos de dos periodistas que fueron, junto a una delegación del municipio, a inspeccionar el Cerro San Pedro. Recientemente el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro y otros gremios se pronunciaron por la falta de investigación e identificación de los agresores.

Amenazas y amedrentamientos

Los periodistas y trabajadores de la prensa no están exentos de coacciones que pueden surgir de personas particulares o individuos investidos de poder. En Pando, por ejemplo, personas ligadas al gobernador de Pando, Regis Germán Richter, denigraron y amenazaron por WhatsApp al periodista Carmelo Cartagena (16/02/23). En Santa Cruz, el periodista Junior Arias tuvo que salir del país luego de la muerte del interventor del Banco Fassil, Carlos Colodro, por su trabajo de investigación en este caso (25/05/23). En La Paz, el periodista Sergio Mendoza fue increpado por el jefe de seguridad del Banco Central de Bolivia al hacer una cobertura de las filas por la compra de dólares, quien lo intimidó al exigirle “medirse como hombres” para interrumpir su trabajo.

Estas amenazas fueron más recurrentes entre el 6 y 7 de noviembre de 2023. Esos dos días, un total de 10 periodistas, fotoperiodistas y un videasta fueron amenazados por cooperativistas mineros que arribaron a la ciudad de La Paz para exigir demandas sectoriales. Las amenazas no sólo se dieron durante la cobertura de sus manifestaciones, sino también cuando éstos realizaron un cabildo en la plaza San Francisco y amenazaron, por ejemplo, al periodista Víctor Hugo Rosales con hacerlo “caer”.

Otro caso llamativo fue la amenaza proferida por gente ligada a la familia “Lima Lobo”, sindicada con casos de narcotráfico en Santa Cruz, en contra del periodista Guider Arancibia de El Deber. El 26 de julio de 2023, una persona que se identificó como parte de esta familia llegó a instalaciones del periódico para buscar a Arancibia, al no encontrarlo lo llamó y amenazó con que “tenga mucho cuidado” y con iniciarle un proceso en la Fiscalía por una nota relacionada a una avioneta con droga que cayó en Argentina.

Incumplimiento al deber de protección

En esta categoría ingresan aquellos casos en los que se evidencia el incumplimiento del rol del Estado de proteger a los periodistas en su labor informativa. La Policía es el principal actor vulnerador al no cumplir con su rol de resguardo y seguridad a la labor que desempeñan los trabajadores de la prensa, se vio así cuando la periodista Ariana Antezana y su camarógrafo Abraham Pareja de Red Uno fueron agredidos y vilipendiados por militantes del MAS en el X congreso de este partido desarrollado en Lauca Ñ, Cochabamba (04/10/23).

En Potosí, la periodista Iris Toro de Radio Kollasuyo fue agredida por vecinos de Villa Victoria y Villa Cantería que tomaron la alcaldía de Potosí, atacaron a funcionarios municipales e impidieron la labor de los periodistas que cubrían el hecho (26/04/23). La inacción policial para evitar desmanes fue evidente.

El 11 de julio, en medio del conflicto por la toma de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, se desplegó un operativo policial para resguardar esta infraestructura, al mismo tiempo este mismo contingente impidió a periodistas acercarse a la presidenta de la organización Amparo Carvajal, e incluso no brindó protección cuando una turba de afines al MAS llegó a ese lugar para protestar en contra de la vigilia realizada por la defensora de derechos. Un periodista, un camarógrafo y dos fotoperiodistas fueron agredidos e impedidos de realizar su labor a la vista de efectivos del orden.

En próximos días, UNITAS presentará el Informe de Situación 2023 que contiene el desarrollo y desagregación del trabajo de seguimiento al estado de las libertades fundamentales, el derecho a defender derechos y la institucionalidad democrática, en el que, además, contiene un acápite sobre el estado de la libertad de prensa en Bolivia.

Cada 3 de mayo se recuerda el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una jornada, según las Naciones Unidas, dedicada a la importancia del periodismo y la libertad de expresión.