Defensoría insta medidas y revertir altos índices de embarazo adolescente en el país

El embarazo en niñez y adolescencia, en Bolivia, se constituyó en grave problema que afecta el ejercicio de derechos humanos de este sector que se encuentra en condición de vulnerabilidad, situación que, a propósito de recordar el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, debe llamar a la reflexión del Estado y de las autoridades que trabajan en el área.

El Informe del Estado de la Población Mundial 2022 del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, muestra que la tasa de natalidad en la adolescencia para América Latina y el Caribe, entre 2006-2015, fue de 59 partos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años. Bolivia supera esa tasa con 71 partos por cada 1.000 adolescentes entre 15 y 19 años.

Datos del Servicio Nacional de Información en Salud-Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE) del Ministerio de Salud y Deportes, muestran que en 2021 se registraron 39.747 embarazos en niñas y adolescentes, lo que significa que existieron en promedio 109 embarazos al día de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años en esa gestión. En 2022, hasta el 30 de junio, los embarazos adolescentes sumaron 16.752, lo que representa un total de 91 embarazos al día.

Preocupa a la Defensoría del Pueblo que la falta de ejercicio y protección de los derechos a la educación, a la salud sexual y reproductiva y a la integridad sexual entre otros, se constituyen en causa de vulnerabilidad para que niñas y adolescentes queden embarazadas y, además, producto de un embarazo hay un mayor riesgo de que estos derechos sean vulnerados.

Un embarazo en la niñez y adolescencia, significa que las y los involucrados ven afectadas sus trayectorias de vida y sus oportunidades de desarrollo se ven limitadas, multiplicando su vulnerabilidad frente a la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la violencia y la dependencia económica.

Frente a esta realidad, la Institución Defensorial ha realizado una investigación para conocer las acciones que se realizan para la prevención del embarazo en el marco del mandato legal estipulado por el Artículo 23 de la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente, que señala que el Ministerio de Salud y Deportes debe fijar un índice de embarazo adolescente cada cinco años y que debe ser monitoreado anualmente, para que las entidades territoriales autónomas que superan este índice realicen acciones diferenciadas y reasignaciones presupuestarias para la disminución del embarazo adolescente en sus jurisdicciones.

Los hallazgos de dicha investigación muestran que no se cuenta con un índice quinquenal sobre embarazo adolescente, aunque sí se cuenta con índices anuales.

El monitoreo de ese índice anual de embarazo adolescente realizado en 2019 identificó que cuatro Gobiernos Autónomos Departamentales y 286 Gobiernos Autónomos Municipales superaban dicho índice. Para 2020, los cuatro departamentos mantenían el indicador, en tanto que se redujo a 265 la cantidad de Gobiernos Autónomos Municipales que superaban el índice.

La Defensoría del Pueblo observa que ni el Plan  Multisectorial de Desarrollo Integral (PDMI)/Plan Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente (PPNNA), ni el Plan Plurinacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes y Jóvenes 2015 – 2020 han tomado en cuenta la implementación del Artículo 23 de la Ley 548, lo cual omite la obligación del Estado en el estricto cumplimiento de un mandato legal que coadyuva en la articulación del nivel central y el nivel subnacional de gobierno y que, además, se constituye en un mecanismo clave y estratégico para incidir en la disminución del embarazo adolescente.

Frente a ello, llama al ente rector en materia de niñez y adolescencia y a las instituciones con competencias en la temática, como la Dirección Plurinacional de la Juventud, el Ministerio de Salud y Deportes, las entidades territoriales autónomas del nivel subnacional, a tomar en consideración el indicador del índice de embarazos adolescentes para la generación de lineamientos de acción en la dimensión programática del sistema de protección de la niñez y adolescencia  y se asuman acciones diferenciadas y reasignaciones presupuestarias para luchar contra este flagelo.

Como parte de las acciones defensoriales para incidir en la prevención del embarazo adolescente, se implementa un plan para llegar a  85 Gobiernos Autónomos Municipales tipo A, B y C, principalmente, y coadyuvar en su fortalecimiento institucional a través de la dotación de material informativo y de sensibilización sobre esta temática y salud sexual reproductiva, en coordinación con Organizaciones No Gubernamentales.

En este contexto, al conmemorar el Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, la Defensoría del Pueblo insta al Comité Interministerial de Políticas Públicas de la Juventud a diseñar medidas programáticas que incidan en la reducción del embarazo adolescente beneficiando a la población adolescente y joven desde los 12 hasta los 28 años.