En Brasil, Fiscalía Boliviana propone crear red regional de fiscalías ambientales
La Jefa Nacional de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado, María Luisa Herrera, participó de la Sesión Técnica denominada “Prevención de Actividades Ilícitas Ambientales: el Papel de las Comunidades Tradicionales, el Uso de Nuevas Tecnologías y el Rol de las Instituciones Financieras”, desarrollada en la ciudad de Belem do Pará de la República Federativa de Brasil, donde propuso la creación de una Red de Fiscalías Ambientales (RFA) para fortalecer la lucha contra estos delitos.
“Desde el Ministerio Público de Bolivia, liderado por el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, consideramos que la lucha contra los delitos ambientales debe ser asumida como una obligación ética, jurídica y cultural, alineada a los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, que reconoce a la Madre Tierra como sujeto de derechos y mandata su defensa como un deber estatal e institucional”, sostuvo Herrera durante su intervención.
La sesión se realizó en el marco del evento internacional Heads of Prosecution Services Side Event for COP30 de las Naciones Unidas, donde Bolivia propuso la creación de la Red de Fiscalías Ambientales (RFA), una plataforma de cooperación regional orientada a fortalecer la articulación entre fiscalías, pueblos indígenas, organismos ambientales y entidades financieras.
La propuesta busca integrar mecanismos como alertas comunitarias, monitoreo satelital y trazabilidad financiera para consolidar un modelo de investigación y prevención más eficaz frente a la criminalidad ambiental transnacional.
Asimismo, se presentó los avances tecnológicos impulsados por el Ministerio Público a través del Ecosistema ROMA, una plataforma digital integral diseñada para el seguimiento de causas penales. También, se destacó su progresiva adaptación al abordaje de delitos ambientales como la minería ilegal, el tráfico de madera y la contaminación de fuentes hídricas, mediante herramientas como la interoperabilidad con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
El encuentro reunió a autoridades de alto nivel de Ministerios Públicos de América Latina y de países invitados como Brasil, Chile, China, Colombia, Uruguay, Bolivia y otros, quienes compartieron experiencias sobre el abordaje jurídico y técnico de los delitos ambientales en sus respectivas jurisdicciones, además abordaron los desafíos globales de la justicia penal frente a los crímenes ambientales para promover alianzas estratégicas en defensa de los ecosistemas y de las comunidades más vulnerables.
Rdc/dea
