Seis de cada diez presos en Bolivia se encuentran con detención preventiva
El primer Informe Anual 2022 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP-Bolivia) da cuenta de 30 recomendaciones a diferentes instancias del Estado.
A diciembre de 2022 se registraron en las cárceles bolivianas 24.824 personas privadas de libertad, de los cuales, el 66,19% son detenidos preventivos, es decir que, de cada diez personas recluidas en centros penitenciarios, seis permanecen en la cárcel bajo medidas cautelares de carácter personal.
La Defensoría del Pueblo, en calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Estado Plurinacional de Bolivia, presentó el primer Informe Anual, correspondiente a la gestión 2022, la misma incluye 30 recomendaciones a diferentes instituciones del Estado.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó resultados del informe en la Asamblea Legislativa. Durante su exposición puso de manifiesto su preocupación por la cantidad de privados de libertad que se encuentran bajo detención preventiva.
“Esto llama la atención, porque el alto porcentaje de personas privadas de libertad con detención preventiva invita a que repensemos sobre cómo estamos utilizando la detención preventiva. De repente no como un mecanismo para garantizar la realización del proceso con la presencia del procesado, sino como una medida que se constituye en una especie de sanción anticipada”, cuestionó.
El defensor remarcó que, en cuanto a los centros penitenciarios, otro aspecto que genera preocupación es el referido al aumento de la población penitenciaria, el cual registró un incremento, de marzo de 2022 y diciembre de 2022, de 20.002 a 24.824 personas privadas de libertad.
El MNP-Bolivia realizado visitas a 40 centros penitenciarios del país, donde evidenció la situación en la que se encuentra la población recluida en estos establecimientos.
Esta instancia elaboró el informe 2022 mediante la información recabada durante 273 visitas a establecimientos carcelarios, centros de reintegración social, celdas policiales, centros de acogimiento para niñas, niños y adolescentes, hospitales psiquiátricos y centros de formación militar, donde se evidenció la situación de las personas que viven en privación de libertad o bajo custodia del Estado.
El Defensor del Pueblo resaltó la importancia de un trabajo conjunto con las autoridades estatales competentes, a quienes invitó a un diálogo constructivo para abordar las problemáticas identificadas en el informe del MNP-Bolivia, en procura de soluciones de corto, mediano y largo plazo.
