Viceministro Silva desmiente cárcel para quienes no se vacunen contra el COVID-19

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, desmintió cárcel para personas no vacunadas contra la pandemia del COVID-19 y lamentó que hayan “distorsionado sus declaraciones” sobre la aplicación voluntaria y exhortó respetar la bioseguridad en el marco del derecho a la salud y la vida de los bolivianos.

“Lamento que se distorsione, en ningún momento hemos dicho que se va a meter a la cárcel a quienes no se vacunen”, subrayó en conferencia de prensa.

Explicó que el Decreto Supremo 4640, promulgado el jueves, respeta el carácter voluntario de aplicación de la vacuna, ya que en caso de no contar con el documento se solicitará la prueba “PCR” como parte de las medidas de contingencia y control de la pandemia que a la fecha cobró la vida de 19.554 personas, con un promedio de 1.500 infectados por día.

Al reiterar que la vacunación es universal, gratuita y voluntaria, dijo que “por un tema de proteger la salud de la población, se ha establecido que para ingresar a ciertos establecimientos, puedan portar su carnet de vacuna o su prueba PCR (…), quienes no tengan su carnet de vacunación deberán mostrar su prueba PCR o no podrán entrar a ciertos lugares”, indicó.

Las declaraciones del viceministro fueron malinterpretadas y descontextualizadas luego de ser entrevistado el domingo en medios estatales, donde manifestó de manera general que de acuerdo con el artículo 216 del Código Penal de 1972, los delitos contra la salud pública pueden ser sancionados con uno a 10 años de privación de libertad. Actores de la oposición usaron la tergiversación para lanzar ataques políticos en contra del proceso de vacunación”, apuntó.

Insistió que su autoridad no manifestó en ningún momento, que la no aplicación de la vacuna COVID-19 signifique 10 años de cárcel como titularon algunos medios de comunicación.

Silva manifestó que la población debe ser parte activa del control de la pandemia con acciones responsables. “Es obligación de gobernantes y gobernados no bajar la guardia, todo lo contrario”.

“Apelamos a la actitud responsable de la ciudadanía para continuar con todas las medidas de prevención y contener el avance de la pandemia”, dijo.

Manifestó que las autoridades municipales y departamentales deben asumir sus competencias en el control de las medidas de bioseguridad, aforo y horarios de funcionamiento.

“El ingreso, control y supervisión de actividades de los recintos públicos, privados sujetos a autorización gubernamental deben ser aplicados por los municipios y gobernaciones en sus jurisdicciones para garantizar la salud de los bolivianos”, acotó.