Fiscalía aguarda decisión del Legislativo sobre juicio contra Carlos Mesa en Quiborax
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, en conferencia de prensa en Sucre
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, al referirse a la determinación de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, que en días pasados aprobó el juicio de responsabilidades en contra del expresidente, Carlos Mesa, por el caso Quiborax, manifestó que aguarda la decisión del pleno del Legislativo.
“Tenemos la información que la comisión aprobó la autorización del enjuiciamiento del señor Carlos Mesa, que fue remitido al pleno de la Asamblea Legislativa por el caso Quiborax. Estamos pendientes de que el pleno de la Asamblea Legislativa tome la decisión si autoriza o no el procesamiento a través del juicio de responsabilidades, entre tanto, nosotros no podemos manifestarnos, estamos simplemente pendientes de la decisión de la Asamblea Legislativa”, dijo Lanchipa en Sucre.
Respecto a la amnistía que concedió el Gobierno de turno en 2018 para Mesa por el caso Quiborax y para el expresidente Jorge Tuto Quiroga por el caso Petrocontratos, el Fiscal dijo que, “el indulto que emitió el Gobierno no es obligatorio, es un derecho que tenían ellos para poder acceder y esto implica de que no estaban de acuerdo con en esa amnistía, ya ellos han manifestado que no iban hacer uso de ese derecho. Entendemos que uno de los que accedió ya hizo uso de ese derecho, fue el expresidente Jorge Quiroga”.
En este caso, la Procuraduría General del Estado denunció a Mesa por delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y Leyes, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, por el caso denominado Quiborax, en el que se decretó la reversión de 11 concesiones mineras en el Salar de Uyuni - Potosí, a la empresa Non-Metallic Minerals SA (Quiborax), que derivaron en un proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que dispuso que Quiborax pague los costos en los que incurrió su defensa de 462 mil dólares y Bolivia por su lado pague 1.384.801 dólares, con lo que Bolivia perdió el fallo.
