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Defensor del Pueblo recibe 143 denuncias y advierte riesgos en unidades educativas

Defensor del Pueblo recibe 143 denuncias y advierte riesgos en unidades educativas

 

La Defensoría del Pueblo durante el periodo de inscripciones escolares en la gestión 2026 recibió al menos 143 denuncias, por presuntas vulneraciones al derecho a la educación con los márgenes de seguridad y que la falta de refacciones y muchos factores ponen en riesgo la integridad física de la población estudiantil

Asimismo, se advirtió riesgos a la integridad física de niñas, niños y adolescentes, tras una verificación nacional a 68 unidades educativas (62 urbanas y 6 rurales) fiscales y de convenio, en 22 municipios del país.

“Compartirles nuestra profunda preocupación como Defensoría del Pueblo. A pesar de nuestro trabajo permanente y las acciones realizadas al inicio y durante el periodo de clases, incidiendo en los gobiernos municipales para mejorar la infraestructura educativa, no se tuvo la previsión necesaria para abordar las deficiencias que ahora se están replicando", dijo el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en referencia a las conclusiones de la verificación nacional desarrollada entre el 19 y el 23 de enero.

Recepción de denuncias

Según describió el Defensor, las denuncias fueron recibidas mediante puntos focales instalados en coordinación con las direcciones distritales y departamentales de educación, concentrando 64 denuncias, de las cuales 31 estuvieron relacionadas con la negativa de inscripción por falta de cupos.

La Defensoría registró otras 32 denuncias vinculadas a deficiencias en infraestructura, falta de mobiliario, cobros irregulares y restricciones al acceso por razones económicas o administrativas, en 113 visitas in situ a unidades educativas,

Asimismo, se sumaron 47 denuncias sobre prácticas contrarias a la normativa educativa, cobros irregulares, negativa de entrega de libretas, discriminación y restricciones por falta de cupos.

Se identificaron casos de presunta discriminación, incluidos aquellos que afectan a niñas y niños con discapacidad, a través de mecanismos institucionales (línea gratuita, WhatsApp y oficinas defensoriales).

Verificativos en unidades educativas

Los verificativos defensoriales evaluaron tres parámetros: las condiciones físicas del establecimiento (infraestructura), equipamiento y la seguridad en los establecimientos.

De las 68 infraestructuras educativas verificadas, el 50% presentan filtraciones en los techos y el 47% registra humedad en las paredes, 38% con grietas y rajaduras en las paredes y el 21% presenta techos con riesgo de derrumbe. Esta situación representa un riesgo latente a la integridad de niñas, niños y adolescentes en los municipios de Trinidad, Tarabuco, Villa Tunari, Caranavi, Cobija, Potosí, Llallagua, Villazon, Santa Cruz de La Sierra, Puerto Suárez y Yacuiba.

En cuanto al saneamiento básico, solo el 1.5% (una unidad educativa) cuenta con baños en muy buen estado y 21% en buen estado, mientras que en el 65% están en estado regular y en 13% en mal estado. Alarma que, en dos unidades educativas, una en Riberalta y otra en Puerto Suárez, no se cuenten con baños diferenciados por sexo, lo que afecta la privacidad y dignidad de los estudiantes.

En cuanto al equipamiento se advirtió que el 57% de establecimientos verificados cuentan con pupitres en estado regular y un 10% en mal estado, el 31% en buen estado y el 1,5% -es decir solo una unidad educativa- presenta pupitres en muy buen estado.

En relación al acceso a servicios básicos y tecnología, el 54% de las unidades educativas carece de acceso al servicio de internet (el 43% no tiene salas de computación). Aunque la cobertura eléctrica es total, el 44% de los establecimientos presenta conexiones defectuosas con cables sueltos, lo que representa un peligro latente para los estudiantes. Un 4% (dos unidades educativas en Trinidad y Riberalta no cuentan con el servicio de agua potable)

Respecto a la seguridad, si bien el 75% de unidades educativas cuenta con cámaras de vigilancia, el 10% de estas no funciona; lo que implica el incumplimiento de responsabilidades compartidas entre direcciones educativas y los Gobiernos autónomos municipales que limitan la efectividad de la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Convivencia pacífica y armónica

La implementación de los Planes de Convivencia Pacífica y Armónica dentro del Plan Operativo Anual (POA), reduce su alcance; asimismo, se identificó debilidades en la planificación formal del rol de las Defensoras y Defensores Estudiantiles, en 2025, el 52.9% de las unidades educativas no eligió a este representante, lo que demuestra un incumplimiento a la norma que limita los mecanismos de participación y protagonismo de niñas, niños y adolescentes.

El Defensor del Pueblo informó que se tomó contacto con los gobiernos autónomos municipales para que asuman las recomendaciones sobre la infraestructura educativa. Asimismo, se hicieron gestiones con el Ministerio de Educación para la continuación de los Planes de Convivencia Pacífica y la elección de las y los Defensores Estudiantiles, en el nivel secundario de las unidades educativas.

Rdc/dea


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