Verifica situación de niñez y adolescentes en centros de acogida en el Gran Chaco
El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), verificó y hace seguimiento a la situación legal, social y psicológica de 85 niñas, niños y adolescentes que viven en centros de acogida en los municipios de Yacuiba, Villamontes y Caraparí que son parte del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, para identificar acciones o procesos legales que se atienden y garantizar su derecho a vivir en familia.
La pasada semana se visitó los centros de acogida dependientes del Servicio Regional de Gestión Social (Sereges) del Gran Chaco y se revisó los expedientes de toda la población acogida; con la información reunida se realizó la supervisión de cada expediente en los Juzgados de la Niñez que atienden estos casos, para conocer el avance de los mismos.
Este trabajo fue el punto de partida para la realización de la Mesa del Gran Chaco para la Restitución del Derecho a Vivir en Familia, que se llevó adelante el pasado jueves en la Casa de Justicia de Yacuiba, dependiente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a solicitud del Gobierno Regional.
En este espacio, durante más de ocho horas, el equipo jurídico del Ministerio de Justicia junto a la máxima representación del Consejo de la Magistratura en Tarija, los cinco jueces de los Juzgados de la Niñez, así como las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) de los tres municipios, el Sereges, así como los responsables de los centros de acogida, revisaron la situación legal, social y psicológicas de las 85 niñas, niños y adolescentes acogidos para conocer los avances en la restitución de su derecho a la familia.
Concluida la referida Mesa Técnica, se procedió con la realización de la Mesa Técnica para la atención específica del requerimiento realizado por el Gobierno Regional del Gran Chaco, relacionado el aspecto competencial en cuanto a la responsabilidad institucional sobre niñas niños y adolescentes en situación de acogida circunstancial e institucional en aquellos casos que actualmente están administrativamente a cargo del Gobierno Regional.
Luego de escuchar a las partes requirentes, se aclaró que todo conflicto competencial encuentra sus vías adecuadas de resolución administrativa o judicial en la norma y se debe acudir a las instancias llamadas por ley al efecto.
El Ministerio de Justicia, en ese marco, manifestó su plena predisposición de coadyuvar en la resolución de la problemática en pro del interés superior de esta población.
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