Se capacitan 3.900 policías en DDH y se fortalece la oferta académica en prevención de la tortura
La Defensoría del Pueblo de Bolivia, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), capacitó cerca de 3.900 servidores policiales en temas del ejercicio de derechos humanos y prevención de la tortura, de acuerdo al informe oficial del primer semestre de la gestión 2025.
“La Defensoría del Pueblo tiene un mandato constitucional y legal, vinculado a la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, y como Mecanismo hicimos permanentes visitas a centros penitenciarios, coorganizamos mesas técnicas para coadyuvar en la amnistía, pero también avanzamos en la capacitación, entre marzo y mayo de 2025, se ha logrado capacitar a 3.897 servidores públicos policiales”, informó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
El dato se conoció en el programa el Defensor con el Pueblo en su capítulo ‘Roles y Funciones de la Defensoría del Pueblo, donde Callisaya, junto al responsable del MNP, Juan Ledezma, evaluaron los avances del primer semestre de 2025 en cuanto a la prevención de la tortura.
Según Ledezma, se fortaleció la formación de profesionales con la incorporación del MNP en un diplomado sobre Prevención de la Tortura, dictado por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) en curso especializado denominado: “Rol de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura”, el cual, también contó con la colaboración del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).
Por otro lado, dentro de la incidencia en políticas públicas, Ledezma explicó que el último informe defensorial advierte que, al cierre de la gestión 2024, la existencia de 32.035 personas privadas de libertad, de las cuales el 6,82% son mujeres, remarcando el hacinamiento que llega al 105%, y el 58,71% se encuentra en detención preventiva.
“Esta figura (hacinamiento por detención preventiva) afecta desproporcionalmente a las mujeres, con un porcentaje que llega al 62,4%, mientras que de los varones llega al 58,4% en esta situación procesal”, dijo.
En ese contexto, recordó que junto a 23 organizaciones de Sociedad Civil se presentó una propuesta sobre el Sistema Penitenciario dirigida a la Dirección General de Régimen Penitenciario que plantea soluciones para las emergencias cotidianas y paralelamente se vayan abordando los cambios estructurales en temas como el crecimiento de la población privada de libertad, servicios estatales deficientes y prevención de la violencia en las cárceles.
Apuntó que el 25 de marzo de 2025, la Defensoría del Pueblo firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Dirección General de Régimen Penitenciario para un curso gratuito y de carácter obligatorio para todas las personas que trabajan en centros penitenciarios.
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