Lima descarta incumplimiento al debido proceso en aprehensión y audiencia de Camacho

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne descartó este viernes que se hubiera vulnerado el debido proceso durante la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho o durante la instalación de la audiencia cautelar en la que se dictaminó cuatro meses de detención preventiva en el marco del proceso penal por el caso “Golpe de Estado I”.

"Ni la orden de aprehensión, ni la actuación de la Policía, ni la audiencia cautelar pueden ser discutidas en el ámbito del debido proceso, que está siendo respetado; las reglas del debido proceso e independencia judicial son para todos los bolivianos, no hay bolivianos de primera y de segunda (…) no puede ser que haya gente que quede en la impunidad porque tenga un cargo político", subrayó.

La acusación contra Camacho, fue interpuesta en noviembre de 2020, en el marco del caso denominado Golpe de Estado I, por el que fue citado a declarar en diversas oportunidades a fin de conocerse la verdad histórica de los sucesos violentos e inconstitucionales ocurridos a fines de la gestión 2019, los mismos que derivaron en el quiebre del orden constitucional y graves vulneraciones a los derechos humanos como masacres, ejecuciones sumarias y otras.

“El caso del gobernador Luis Fernando Camacho es un caso iniciado en 2020 con una calificación provisional por el delito de terrorismo. Recordar a la población que entre los momentos en los que fue notificado, se encuentra el último Consejo Autonómico, cuando fue citado a la ciudad de La Paz para prestar su declaración y no solamente que no concurrió al Consejo Autonómico, sino que no se presentó a declarar ante la Fiscalía. Su señor padre se presentó a declarar en Santa Cruz hace meses atrás; los demás actores del proceso tienen conocimiento del caso, no es un caso nuevo, está en los tribunales de justicia hace dos años”, detalló Lima.

En ese sentido, el titular de Justicia, señaló que con todas esas actitudes Camacho buscó obstaculizar el proceso, con lo que propició la aplicación del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal (Ley 1970), que señala que la Fiscalía puede activar la aprehensión de cualquier ciudadano que se niegue a prestar su declaración informativa.

“Se le dio todas las oportunidades para declarar en Santa Cruz o en La Paz, por ese motivo el Ministerio Público no tuvo otra opción que emitir la orden de aprehensión en octubre de este año, no fue emitida en horas previas a la ejecución del mandamiento”, explicó.

Familiares de Camacho y políticos de oposición, indicaron que se había perpetuado un secuestro, al respecto, el ministro descartó la posibilidad de que el Estado Plurinacional de Bolivia pueda avalar o permitir ese extremo.

“El secuestro es cuando una persona que no tiene potestad y que no tiene base legal, le priva de libertad a un ciudadano, este hecho no tiene ninguna de esas características. Hay una orden fiscal emitida dentro de un proceso penal que cuenta con control jurisdiccional y que la Policía ejecutó en los términos de un debido proceso”, dijo y aclaró que tampoco se vulneró el derecho a la salud del imputado, como se señaló.

En relación a la circular 19 y 20 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz respecto a la vacación judicial vigente hasta mañana, aclaró que la aprehensión fue ejecutada a través de una orden fiscal y no judicial, y que la Fiscalía no detiene su trabajo durante los 365 días del año. Además, aclaró que el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene previsto que cuando los jueces titulares hacen uso de la vacación judicial, son los jueces de turno los que deben conocer las causas para evitar vulneración de derechos.

Con relación a las acciones violentas registradas en Santa Cruz de la Sierra y en menor medida en la ciudad de Cochabamba, tras la aprehensión de Camacho, indicó que la independencia judicial y el debido proceso deben ser respetados desde todas las esferas y que la justicia no debe funcionar a merced de amenazas y presiones de ese tipo. “Hay que aclarar que cualquier discusión por este aspecto tiene que ser resuelta por la justicia boliviana y no por el que grita más o hace más amenazas”.

“Lo que no puede permitirse en una sociedad democrática es que la independencia de la justicia se vea obstaculizada o amenazada por grupos reaccionarios que tiene el único afán de generar daño a la democracia. Qué puede significar la quema de los tribunales en Santa Cruz, la quema de la Fiscalía, la toma de instituciones que no es pacífica y que impide que los ciudadanos ejercer sus derechos”, agregó.

La autoridad subrayó “los políticos no somos una clase privilegiada (…), debemos dar el ejemplo, presentarnos, argumentar y ejercer nuestra defensa”, manifestó y denunció que las acciones violentas registradas en Santa Cruz por los seguidores de Camacho, obstaculizan el acceso a la justicia y a otros servicios a los que tiene derecho la población.

“Quien destruye, quien quema, quien genera daño al patrimonio del Estado tiene que responder ante la justicia. Por eso se están activando las acciones penales contra los malos bolivianos que están destruyendo el patrimonio de todos los bolivianos, que impiden el normal desarrollo de la vida y vulneran derechos de la población. Es un firme compromiso del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de llevar todas las investigaciones para que estos hechos no queden en la impunidad”, comunicó.

Lima expresó que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional tiene el deber de velar por el estricto cumplimiento del debido proceso en toda situación que se presente en el país.

Respecto a un comunicado dado a conocer por el secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres; el Ministro manifestó que en Bolivia se respeta el debido proceso en su grado máximo, además de la independencia de la justicia, “son otros actores los que no están actuando conforme exhorta el Secretario General de las Naciones Unidas”, sostuvo.

“Las reglas del debido proceso nos dicen que defendamos los argumentos ante los tribunales de la justicia”, exteriorizó.