Juez determina encarcelar a Camacho y este es recluido en el penal de Chonchocoro

Luis Fernando Camacho es conducido en un vehículo policial hacia la cárcel de Chonchocoro

Tras una prolongada audiencia cautelar de casi 9 horas, el juez Octavo de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz decidió la madrugada de este viernes recluir en el penal de Chonchocoro por cuatro meses al excívico cruceño, Luis Fernando Camacho, por los delitos de terrorismo en grado de autor y conspiración, dentro del proceso panal denominado “Golpe de Estado I” de noviembre de 2019.

Tras resolver los incidentes y escuchar los alegatos de las partes, en especial, el descargo del Ministerio Público que desvirtuó la ilegal aprehensión en la audiencia vía virtual, el juez Sergio Pacheco dijo:

“El Juez Octavo de Instrucción en lo Penal Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con las facultades que otorga la ley, dispone la aplicación de la detención preventiva del imputado Luis Fernando Camacho Vaca, detención preventiva que tendrá que ser cumplida en el plazo de cuatro meses en el centro penitenciario de Chonchocoro”.

Inmediatamente la defensa de Camacho, anunció con apelar el fallo de la autoridad jurisdiccional que resolvió encarcelar a Camacho por riegos procesales, entre esos, el peligro de fuga y obstaculización en la averiguación de la verdad de los hechos acaecidos en noviembre del 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente, Evo Morales y la ruptura constitucional.

Después Camacho bajo estrictas medidas de seguridad por una caravana de vehículos de la Policía, fue trasladado de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC-LP) hasta la población altiplánica de Viacha y recluido cerca de las 04:00 a.m., en el penal de máxima seguridad de San Pedro de Chonchocoro.

Camacho interceptado y aprehendido el miércoles por la tarde en Santa Cruz y trasladado a la ciudad de La Paz, fue imputado por los delitos de terrorismo y Conspiración y tras acogerse al derecho al silencio.

Este pernoctó en celdas de la FELCC, donde se desarrolló la audiencia cautelar virtual, donde compareció ante la autoridad jurisdiccional. El Ministerio Público demostró en su alegato que la orden de aprehensión fue legal de un proceso que data del 28 de noviembre del 2020.

Camacho, es investigado por el delito de terrorismo y otros tipos penales debido a su participación activa en los luctuosos hechos de noviembre del 2019 que derivaron en una ruptura constitucional y consecuentemente las masacres de Senkata, Sacaba que se cobró la vida de 38 personas, cientos de heridos y detenidos.

El Ministerio Público dejo establecido que la decisión fiscal, no se trató de un secuestro o persecución política, por el contrario, fue emitida en el mes de octubre de este año y cuenta con control jurisdiccional del Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Además, Camacho, tuvo pleno conocimiento de dicho proceso desde su inicio, en fecha 28 de noviembre de 2020, conforme dispone el ordenamiento jurídico boliviano.

En el marco de un debido proceso, las actuaciones cumplidas por la Policía Boliviana y el Ministerio Público se ajustaron a lo previsto por el Art. 226 de la Ley Nº 1970, respetando en todo momento los derechos y garantías constitucionales de los sujetos procesados, así como las normas procesales aplicables al caso.

El proceso penal “Golpe de Estado I” se inició a denuncia de la exdiputada Lidia Patty, quien interpuso la acusación a finales del 2020. En el proceso penal figuran la exsenadora Jeanine Áñez y los políticos que allanaron el camino ilegal en noviembre de 2019, entre ellas Camacho y su padre.

En noviembre de 2019, Camacho, entonces presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, fue uno de los principales impulsores de los disturbios callejeros contra el Gobierno de Evo Morales.