

El asesinato de tres menores de edad en menos de una semana en Bolivia causó conmoción por la proximidad de los hechos, pero estos infanticidios no son un fenómeno aislado el país. Según datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas (OBSCD) hubo un promedio de 40 infanticidios por año en el último lustro.
En 2024, el 58% de los infanticidios fueron ejecutados las personas que debían cuidar de los niños: sus padres (31%), sus madres (29%) y sus padrastros (15,7%). De igual forma, el informe revela que siete de cada diez víctimas eran menores de cinco años, la etapa más indefensa de la niñez.
El Observatorio reportó que de los 33 casos abiertos ante la justicia, solo 18% había llegado a sentencia y los demás estaban en distintas fases del proceso penal. En Bolivia el delito de infanticidio tiene una condena de 30 años sin derecho a indulto.
Entre el 1 y el 5 de marzo en Bolivia, tres infanticidios causaron conmoción en la población y pusieron sobre la mesa de debate el rol del Estado con la niñez. Se trata de una niña de dos años, otra de uno y un menor de cuatro. Dos fueron en Santa Cruz y el tercero en un municipio rural de La Paz.
En los tres casos los menores de edad fueron muertos a golpes por sus padres o padrastros y llevados a centros de salud a donde llegaron sin signos vitales. “No puede ser que todos los días seamos testigos a nivel complicidad, de las barbaridades que les pasan a los menores y que no haya presupuesto para evitar esto. Si ellos son el futuro, no podemos seguir sin la existencia de guarderías públicas, no se puede seguir sin posibilidades reales de dejar a un bebé en centro de acogida de la forma más digna posible. No puede ser que si la legislación, que obliga a continuar con embarazos no deseados, no contemple un Estado que acompañe esta tortura”, escribió la politóloga Susana Bejarano en su cuenta de Facebook.
Mariel Paz añadió en diálogo con Infobae que en el Estado boliviano hay un gran déficit de políticas de protección a la infancia, lo que incrementa el riesgo al que están expuestos. La especialista propone que desde las políticas públicas se trabaje en varios frentes de manera simultánea y que las escuelas y los centros de salud sean instituciones de alerta temprana para detectar y denunciar señales de violencia física y emocional en la infancia.
INFOBAE
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