Ex ministros Murillo-López declarados rebeldes de la justicia en caso gases lacrimógenos
Investigación del caso gases lacrimógemos
La juez Tercera Anticorrupción de La Paz, Claudia Castro, declaró en rebeldía a Arturo Murillo y Luis Fernando López, exministros del régimen de Jeanine Añez, implicados en la adquisición de gases lacrimógenos, presuntamente con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.
Con el fallo de la juez, la investigación penal se llevará adelante en ausencia de los imputados con efectos de una aprehensión, en especial, del exministro López para que sea conducido ante la autoridad jurisdiccional”, dijo en conferencia de prensa, Junior Flores, de la comisión de fiscales que investiga el caso.
Aseguró que la decisión judicial permitirá al Ministerio Público seguir con actos procesales, activar los mecanismos necesarios, acortar los plazos para llegar a la verdad histórica de los hechos hasta tener el requerimiento conclusivo.
Mencionó que la autoridad jurisdiccional emitirá una resolución para el congelamiento de cuentas y la anotación preventiva de los bienes registrados a nombre de los co-imputados.
En la audiencia cautelar se presentó el representante legal del exministro de Defensa, quien manifestó que su cliente (López) se encuentra en la clandestinidad, a pesar que fue notificado según establece la norma legal.
La juez Castro dictó la rebeldía a requerimiento de las partes, entre esos, la Procuraduría y Ministerio Público, tomando en cuenta que los imputados ausentes no justificaron con todos documentos su inasistencia.
Con esta resolución se realizará publicaciones en los medios escritos, antes de que se emita el mandamiento que la norma dispone.
El exministro Arturo Murillo se halla encarcelado en EEUU, acusado de lavado de dinero proveniente de la corrupción por la compra de gases lacrimógenos. Entre tanto, Fernando López, se encontraría en Brasil.
La investigación del Ministerio Público se instauró en junio del 2020 ante la denuncia que el régimen de Jeanine Añez pagó 5,6 millones de dólares por cartuchos de gases lacrimógenos adquiridos a través de la intermediación de la empresa Bravo Tactical os Solutions LCC, con sede en EEUU, después de suspenderse la compra directa con la firma brasileña Cóndor.
