Discusión de presuntos contrabandistas implica a funcionarios que resguardan la frontera
La discusión radica a partir de la incautación de un vehículo
La discusión de un grupo de presuntos contrabandistas revela la implicancia de funcionarios policiales y militares que resguardan la frontera con Chile, quienes permitirían el paso de vehículos y mercancías ilegales al país. El conflicto inició por el decomiso de un motorizado a partir de la denuncia de una persona que también se dedicaría a esta actividad ilícita.
Un video remitido a EL FULGOR.com, muestra a un grupo de personas cuestionándose entre sí, del por qué una de ellas, identificada como Marcela, denunció ante los funcionarios que resguardan la frontera el ingreso de un vehículo, que aparentemente trasladaba mercancía de contrabando, provocando que este sea incautado por las autoridades, ya que no había “charlado” su ingreso en la frontera de Pisiga.
“No han charlado con Pisiga, di la verdad”, refirió marcela.
Ante esta afirmación, se alcanza a escuchar la molestia de otras personas afirmando que “esa maldad no se hace”.
FUNCIONARIOS
A partir de ello se hace referencia a nombres y grados de funcionarios militares y policiales asignados al control fronterizo, quienes tendrían nexo directo con estas personas.
El “Mayor Romero”, además de otros oficiales de grado inferior asignados en el puesto de control de Villa Vitalina, tendrían coordinación permanente con estas personas para determinar los días y horas para el ingreso de vehículos por diferentes sectores, evadiendo el control realizado por el personal de inteligencia.
Al ser evidente que la discusión “subía de tono”, la acusada realizaba una llamada telefónica para comunicarse con funcionarios policiales, a quienes identificó como el suboficial Veliz y “El Gabo”.
Por otra parte, llama la atención las afirmaciones de ambas partes, quienes sostienen estar inmersos en actividades ilícitas desde hace varios años, además de hacer referencia al patrimonio que cada uno ostenta.
En las siguientes horas se espera conocer el criterio de las autoridades pertinentes, para iniciar las acciones que correspondan.
