Desvirtúan acusación de abogado de Cortez en caso “coimas”
La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos Laguna desvirtuó las declaraciones de Abel Loma, abogado de la denunciante en el caso denominado "coimas", ratificando que el 30 de enero se inició las pesquisas por instrucciones directas emitidas al área de investigación patrimonial, a partir de una publicación en redes sociales, fecha en la que se obtuvieron registros de SEGIP, Derechos Reales y RUAT.
Luego, en fecha 15 de febrero, Claudia Cortez presentó el detalle de cuentas de personas particulares, con operaciones no identificadas, las que merecieron una solicitud al sistema financiero para verificar los movimientos posiblemente relacionados a la denuncia.
Se actuó a tiempo y se obtuvieron las evidencias que permitieron presentar denuncias.
Una vez solicitada la información relativa a operaciones financieras, se solicitó información del Servicio de Impuestos Nacionales, para verificar la compra de material de construcción de una de las sindicadas, que se habría usado en la edificación del Frigorífico en Pando que figura a nombre de otro de los sindicados.
También se verificó “in situ” la ubicación y características del inmueble y la documentación cursante en las Notarías de Pando, en el mes de abril.
Toda vez que la información solicitada es remitida con todas las operaciones de las 85 cuentas investigadas, se procedió a filtrar la misma para identificar posibles movimientos observables, información que también fue requerida a la Unidad de Investigaciones Financieras.
En ese sentido, sostuvo que en ningún momento se entorpeció la investigación, por el contrario, se aportó con elementos de convicción y se participó de las audiencias, actos investigativos y procedimientos del caso, como se viene realizando a la fecha
Respecto a supuestas llamadas y mensajes de la denunciante
El abogado de Cortez, Abel Loma, aseguró que la autoridad no respondió llamadas ni mensajes de la denunciante después de la reunión del mes de febrero, lo que también fue desmentido por Ríos con un extracto de llamadas de enero a junio, en el que no se registran llamadas del número de la denunciante, ni llamadas por WhatsApp.
Asimismo, se evidenció que la Viceministra respondió a los mensajes que Cortez le envió vía WhatsApp, en contra posición a las declaraciones de su abogado.
La autoridad subrayó que el informe fue concluido oportunamente, lo que motivó la inmediata presentación de la denuncia el 8 de mayo de 2023.
Una vez presentada la denuncia, en la misma semana se procedió a la aprehensión de Jhonny Alexander Santos y Rosa Viviana Bautista, quienes declararon, fueron imputados y a los que se aplicó la medida de detención preventiva.
Es importante resaltar que estos actuados se fundamentaron por la clara evidencia documental lograda en el proceso de investigación aportada por el Viceministerio.
Asimismo, se logró la declaración de Cortez, en calidad de testigo en fecha 16 de mayo, debido a su declaración pública a través de medios masivos de comunicación en los que se autoidentifico como la persona que realizó los cobros.
El mismo día, en horas de la mañana, se tomó la declaración del exministro, y con base en los datos del proceso, se procedió a su aprehensión, posterior imputación y la detención preventiva.
La misma denunciante puso en evidencia su identidad
El 12 de mayo, la testigo otorgó una entrevista realizada en un medio audiovisual de alcance nacional, en la que difundió su identidad y su imagen.
Por otra parte, desde el momento de su presentación ante el Viceministerio de Transparencia, e inclusive en los inicios de la investigación, esta cartera cumplió con lo establecido en las Leyes 004 y 974, al no dar a conocer su identidad en ningún acto, incluso el periodista Andrés Gómez resguardó su identidad en la nota de prensa del portal Rimay Pampa.
La solicitud de ampliación de investigación la presenta el Ministerio Público
La autoridad también manifestó que quien presentó la solicitud de ampliación de investigación en contra Cortez por indicios de participación en la presunta comisión de delito, fue el Ministerio Público, no esta cartera de Estado.
Una vez recibidas las solicitudes de constituirse en testigo protegida, después de su declaración pública, dicha documentación fue remitida a conocimiento del Ministerio Público como autoridad competente para dar respuesta a los requerimientos.
Ley de protección de testigos y competencias
La ley de protección de testigos tiene como base la protección de la identidad e imagen, puede ser presentada ante el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, para que éste canalice la medida, puesto que la decisión respecto a la solicitud de otorgar o no una medida de protección y sobre qué medida o medidas de protección serán otorgadas, recae en los ministerios de Gobierno, de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y Ministerio Público.