Cabildos buscan amnistía a graves vulneración de DDHH en el golpe del 2019

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne dijo que el cabildo “nacional” convocado por los cívicos y opositores al proceso de cambio, tiene entre sus pedidos que se otorgue amnistía a quienes perpetuaron graves vulneraciones de derechos humanos en el movimiento golpista de 2019, lo que estaría en contraposición a la recomendación 10 del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Invito a la población a que lea la recomendación 10 del informe del GIEI, nos dice que el Estado Plurinacional de Bolivia no debe otorgar amnistías, que es lo que se está pidiendo en este cabildo. Han creado una categoría de 183 perseguidos políticos y están pidiendo que se decrete una amnistía; se preguntarán ¿quiénes son esas 183 personas? entre ellas están los militares, policías y exministros acusados por las masacres de Sacaba y Senkata”, explicó.

Sobre supuestos perseguidos políticos, el titular de Justicia detalló que se trata de personas que en muchos casos se encuentran imputadas y detenidas por hechos de graves vulneraciones a los derechos humanos, entre ellas las mascares y ejecuciones sumarias registradas entre el 15 y 19 de noviembre de 2019. Además de hechos de corrupción y casos relacionados a afectaciones al erario público, entre otros. “Hay muchos políticos, están alcaldes, gobernadores y personas que no quieren rendirle cuentas a la justicia”, señaló.

A su juicio los cabildos buscan amnistiar a personas que han cometido graves violaciones de los derechos humanos, que no lo dicen ellos, sino el informe del GIEI, lo dice la Justicia boliviana con imputaciones y con detenciones preventivas, pero este cabildo y otras movilizaciones, buscan dejar sin efecto los procesos mediante una amnistía”.

Mencionó que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al país para verificar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones dadas a conocer al país el pasado 17 de agosto de 2021, luego de que los investigadores del GIEI confirmaran la comisión de graves vulneraciones cometidas principalmente por las fuerzas del orden a cargo del Gobierno de facto de Jeanine Añez y grupos paramilitares.

Respecto a la legalidad del cabildo anunciado, indicó que el mismo al tener un carácter “nacional”, debió solicitar el acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y acotó que la reforma de la justicia es un proceso que es y seguirá siendo desarrollado a partir de un amplio escenario de diálogo.

En relación a la recolección de firmas impulsada por un grupo de juristas, hizo notar que está previsto que la misma concluya a fines del mes de abril, cuando las listas deben ser enviadas ante el TSE hasta el 15 de ese mes.

“Hay una incompatibilidad de las dos agendas que necesariamente tienen que dialogarse, hablarse y en el marco de la labor de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el vicepresidente David Choquehuanca convocará a las reuniones que sean necesarias para compatibilizar estas agendas y lograr que el pueblo boliviano tenga la reforma", y nuevas autoridades judiciales, concluyó.