Tribunal de Garantías ordena la reincorporación laboral de persona con discapacidad en Oruro
La Defensoría del Pueblo presentó una acción de amparo constitucional por vulnerar derechos de una persona con discapacidad que fue desvinculada de forma ilegal por la Gobernación orureña, y logró que la Sala Constitucional Primera de Oruro, constituida en Tribunal de Garantías, disponga su inmediata reincorporación a esa institución.
El amparo constitucional fue presentado el 24 de junio ante el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, solicitando que Gobierno Autónomo Departamental dé curso a la reincorporación laboral de J.C.H.A., institución que se negaba a la restitución laboral pese a existir una conminatoria de parte de la Jefatura Departamental de Trabajo.
“El afectado fue despedido sin considerar su condición de persona con discapacidad, por lo que presentó su denuncia ante la Jefatura Departamental del Trabajo, instancia administrativa laboral que dispuso su inmediata reincorporación; sin embargo, esta disposición fue incumplida deliberadamente por la Gobernación, por lo que presentó una queja en la Defensoría del Pueblo solicitando se intervenga para que se cumpla lo dispuesto”, informó el Delegado Defensorial de Oruro, José León.
J.C.H.A., presentó documentación que avalaba que cumplió con todas las formalidades legales para gozar de la inamovilidad laboral, luego de prestar servicios, desde la gestión 2018, en el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro; y al amparo de las normas que protegen a las personas con discapacidad, exigió su derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral.
León indicó que la institución defensorial realizó varias gestiones para que se cumpla lo dispuesto por la instancia departamental del Ministerio de Trabajo, empero el Gobierno Departamental tampoco dio curso a la reincorporación laboral de J.C.H.A., por lo que a través de la Unidad de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, se presentó el recurso de amparo constitucional.
El fallo del Tribunal de Garantías fue emitido este jueves, en cuya parte resolutiva señala que se otorga tutela jurídica solicitada, disponiéndose la inmediata restitución del funcionario a su fuente de trabajo, el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que le correspondan.
En audiencia se acreditó de manera objetiva la discapacidad del funcionario afectado y que existía una Resolución Administrativa de la Jefatura Departamental de Trabajo, que fue rechazada por la Gobernación orureña; asimismo, se demostró que el Gobierno Departamental había negado el derecho del funcionario a la estabilidad e inmovilidad laboral que se encuentra protegido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, Constitución Política del Estado y Ley General para las Personas Con Discapacidad.
