La ANPB y APO rechazan proceso ordinario contra periodista Carmen Torrez
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Oruro (APO) expresaron este jueves su firme rechazo al proceso judicial ordinario iniciado contra la colega periodista Carmen Torrez Zambrana, a instancia del secretario de Finanzas de la Gobernación de Oruro, Henrry Heredia Montero.
En cumplimiento de la normativa vigente y de la Constitución Política del Estado (CPE), el juez Fernando Claros está obligado a declinar competencia y remitir este caso al Tribunal de Imprenta, tal como lo establece el marco jurídico aplicable.
El juez que conoció la causa, en el marco de la Ley de Imprenta y en aplicación del artículo 122 de la CPE, asumió el caso a pesar de no tener competencia para juzgar a periodistas.
El artículo 107, parágrafo II, de la CPE señala: “Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley.”
Este precepto respalda la aplicación de la Ley de Imprenta para casos relacionados con el ejercicio periodístico. La acción emprendida no solo vulnera el derecho a la libertad de expresión y comunicación de Carmen Torrez, sino que representa una amenaza directa para el periodismo en Bolivia.
Este acto podría sentar un precedente nefasto, incentivando a los funcionarios públicos a utilizar la justicia ordinaria como mecanismo de intimidación contra periodistas.
Es importante destacar que la Ley de Imprenta está plenamente vigente y constituye el foro legal adecuado para tratar denuncias relacionadas con el ejercicio periodístico.
Nos sorprende profundamente que el abogado acusador, Zenobio Calizaya, ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Oruro y actual miembro del Tribunal de Imprenta de Oruro, desconozca ahora la competencia jurisdiccional de este tribunal, al cual él mismo se postuló y pertenece.
En defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información, la ANPB y la APO recurrirán a todas las instancias nacionales e internacionales para denunciar a quienes, al margen de la ley, interpretan arbitrariamente las normas, incluso desconociendo la CPE.
“Reafirmamos nuestro compromiso de defender los derechos y garantías constitucionales de Carmen Torrez Zambrana. No permitiremos que se consolide esta afrenta contra el periodismo boliviano, pilar fundamental de la democracia”, señala este pronunciamiento conjunto.
Rdc/dea
