Sobresale avances en el área judicial durante los dos años de gestión gubernamental

En el informe de gestión del Gobierno del presidente, Luis Arce Catacora, se destacó los avances alcanzados en el área judicial, en el marco de los seis ejes de la reforma en la justicia boliviana y pidió que el trabajo continúe en bien de toda la población. “Seguimos ejecutando acciones concretas para precautelar los derechos de las bolivianas y de los bolivianos”, subrayó el mandatario boliviano.

Indicó que la Reforma Judicial tiene el propósito de eliminar o reducir drásticamente los principales males de la administración de la justicia en Bolivia, y que la mismas pretende cambiar el actual modelo de gestión judicial obsoleto, discriminador, insensible y excluyente.

En ese sentido mencionó los avances relacionados a los seis ejes de la reforma, que son: La distribución uniforme y estratégica de jueces en el país; el acceso a la justicia en igualdad de condiciones; la independencia judicial a través de procesos meritocráticos y transparentes; la transformación digital del modelo de gestión judicial boliviano; el desarrollo normativo; y la lucha contra la corrupción a través del acceso a la información, control y participación social, y el uso de tecnologías de información enfocadas al gobierno electrónico.

En relación al acceso a la justicia, se destacó que los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU), durante el año 2022, alcanzaron 46.065 servicios de patrocinio legal, orientación jurídica, conciliación extrajudicial y asistencia psicológica con énfasis en los sectores vulnerables de la población en materia civil, laboral, agraria, penal y en resolución alternativa de conflictos; y 41.149 el año 2021.

Asimismo, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) brindó un total 5.991 servicios de patrocinio legal en 2022 y 4.441 servicios en 2021 en cuanto a patrocinio legal, orientación jurídica, asistencia social y asistencia psicológica con énfasis en garantizar el acceso a la justicia a personas de escasos recursos económicos y que sean víctimas de un delito.

Por otro lado, indicó que el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) brindó un total de 11.495 servicios durante el año 2022 a personas denunciadas, imputadas o procesadas penalmente con el objetivo de garantiza el derecho a la defensa.

Asimismo, en la gestión 2022 fue conformada la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio en los que sentenciados fueron liberados, dando seguimiento al 100% de los casos registrados a nivel nacional; como resultado de dicho seguimiento, recordó que de 18 jueces fueron investigados, de esos 10 fueron destituidos y el resto enfrenta procesos disciplinarios. Además, ocho fiscales fueron destituidos y 21 personas entre feminicidas y violadores, fueron recapturadas.

En relación a la Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, informó que se atendido 5.599 reclamos, verificativos y conciliaciones en 2022 y 4.483 en 2021, generando un fuerte impacto en la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, así como las mejoras en la atención de negocios y elaboración de productos.

En cuanto a desarrollo normativo, el Presidente remarcó que durante esta gestión se establecieron y ajustaron una serie de leyes, normas y decretos que buscan precautelar los derechos de la población. Los más relevantes son: la Ley 1443 de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente; la Ley 1446 para el resarcimiento excepcional a las víctimas de la violencia política cometida entre 1964 y 1982; la Ley 1463 que declara cada 17 de julio como el "Día Nacional de la Memoria"; el Decreto Supremo 4732 que regula cláusulas y prácticas comerciales abusivas en contratos de preventa de bienes inmuebles.

El Decreto Supremo 4793 que crea la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios, en cumplimiento de la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad; el Decreto Supremo 4779 de creación del sello para la Empresa Comprometida con una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres; la Política Plurinacional Contra la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos para el periodo 2021–2025; entre otras.

Respecto al resarcimiento integral para las víctimas de las masacres y graves vulneraciones a los derechos humanos cometidas a fines del año 2019, el Presidente recalcó que se hizo realidad la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instancia que confirmó las graves violaciones. En cuanto a las 42 recomendaciones del GIEI, mencionó la importancia del  cumplimiento a las mismas para no dejar en la impunidad las muertes y garantizar a las víctimas y sus familias, Memoria, Verdad y Justicia. 

La autoridad también mencionó que durante la gestión 2022 se llevaron a cabo dos Diálogos Plurales para la Transformación de la Justicia en Bolivia, los mismos que abordaron la necesidad de la reforma y la importancia de la Justicia Indígena Originaria Campesina.

Dijo que por primera vez desde el Registro Público de la Abogacía se conformó el Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía y los tribunales departamentales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con competencia a nivel nacional, “estos tribunales realizan el procesamiento de infracciones a la ética establecida para el ejercicio de la abogacía”, dijo y acotó que aproximadamente 1500 denuncias ya fueron procesadas por estos tribunales, con el objetivo de promover la ética y transparencia en el accionar de los profesionales del Derecho con relación a los litigantes.

También destacó los procesos de desburocratización y papel cero, implementados en esta cartera de Estado mediante la plataforma Zero, la misma que podría ser replicada en otras entidades que administran justicia a fin de operativizar los procesos administrativos.

Arce mencionó los avances en relación a la interoperabilidad de las bases de datos de entidades que administran justicia a fin de propiciar las condiciones técnicas, operativas, normativas y otras necesarias para definir el nuevo modelo de gestión judicial y el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma única de gestión de causas para todas las materias judiciales en el marco del gobierno electrónico.

El mandatario señaló que, en el marco de la modernización y la digitalización de los sistemas, se puso en marcha el Sistema Informático del Notariado Plurinacional (SINPLU); la plataforma para el registro nuevo y la renovación de credenciales para abogadas y abogados; la plataforma para las rendiciones públicas de cuentas; y el registro de organizaciones juveniles; entre otras.

Con relación a la lucha contra la corrupción, se recepcionó 661 denuncias, el 36% (240) de estas, fueron realizadas a través del formulario en línea implementado desde abril de la gestión 2021. En la misma línea, se aplicó el ciclo formativo: “Promovemos una Cultura de Ética y Transparencia en la Comunidad Educativa” capacitando a más de 1400 maestros de 59 municipios del país.

Por otro lado, se incorporó contenidos relacionados a valores, transparencia y lucha contra la corrupción en los textos de aprendizaje del nivel primario y secundario, llegando a más de 2 millones de estudiantes en todo el sistema educativo.

El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción concluyó la investigación de 228 casos de corrupción, incrementando su nivel de atención en un 300% respecto a gestiones anteriores a la 2021.

Ante los resultados mencionados, el mandatario pidió seguir trabajando por mejores días para el país, “sigamos avanzando, sigamos creciendo, sigamos reconstruyendo nuestra patria y sigamos sembrando esperanza”, enfatizó.