Senadora Velasco destaca la sentencia constitucional limita beneficios en caso feminicidas
La presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado del Senado, Virginia Velasco, destacó la Sentencia Constitucional Plurinacional de Avocación 0001/2022, que establece que la máxima sanción penal de 30 años sin derecho a indulto conlleva la imposibilidad de acceder a beneficios penitenciarios, entre ellos el beneficio de la detención domiciliaria.
Informó que el Ministerio de Gobierno a través de la Dirección de Régimen Penitenciario y en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (AGETIC) implementarán un sistema informático de registro penitenciario en todo el país que opere con los sistemas de gestión procesal del Órgano Judicial y el Ministerio Público, para contar con datos personales actualizados de los condenados y su situación jurídica.
“Esta sentencia constitucional es muy importante para evitar la impunidad en los casos de feminicidio, es por eso que la Asamblea Legislativa deberá asumir de manera coordinada procesos de actualización y adecuación de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. Además de actualizar la ley del Órgano Judicial, Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, con la finalidad de incorporar como falta disciplinaria las acciones u omisiones que favorezcan a la revictimización de las víctimas de violencia”, dijo la legisladora.
En ese marco, el Tribunal Supremo de Justicia implementará medidas positivas y efectivas que garanticen la observancia de la perspectiva de género y la debida diligencia por parte de vocales, jueces y/o cualquier funcionario judicial. Es así que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia procederá a la priorización de los procesos judiciales que involucren feminicidio y violencia de género sin excepción.
Dijo que el Directorio de la Escuela de Jueces del Estado y la escuela de Fiscales deben evaluar los programas de formación y capacitación de jueces, personal de apoyo jurisdiccional, y fiscales con el fin de actualizar sus contenidos a fin de contar con servidores públicos competentes para el juzgamiento y sanción en los casos de violencia contra las mujeres.
“El Consejo de la Magistratura debe hacer cumplir los parámetros del presente fallo constitucional en sus decisiones, sancionando cualquier uso arbitrario que puedan hacer en la otorgación del beneficio de la detención domiciliaria”, sostuvo Velasco, al señalar que la Policía Boliviana debe adecuar sus reglamentos y normativas internas para prevenir y sancionar de manera inmediata las acciones u omisiones que favorezcan la revictimización, además de promover la constante especialización de los efectivos.
Indicó, también, que los Colegios Médicos Departamentales del país deben brindar lineamientos concretos a sus afiliados respecto a la emisión de certificaciones, informes y dictámenes que sustenten la detención domiciliaria en ejecución de sentencia.
Finalmente, el Ministerio de Educación debe implementar políticas en todo el sistema educativo para prevenir la violencia hacia las mujeres y el Sistema Universitario debe introducir un esquema de transversalización de la perspectiva de género en los planes y programas de estudio contra la violencia hacia las mujeres.
