Se inicia pago del resarcimiento a víctimas de dictaduras entre 1964-1982
El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles Bazán, en conferencia de prensa junto a las víctimas de las dictaduras
El Gobierno inició este martes el pago del 80% restante del resarcimiento económico a las víctimas de violencia política generada por los gobiernos de facto-inconstitucionales del periodo comprendido entre el 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982, después de dos décadas de compromisos gubernamentales incumplidos.
El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles Bazán celebró el inicio del pago y expreso que “esto es parte de los compromisos que se están cumpliendo, hemos firmado un acuerdo histórico; estamos hablando de 1.714 víctimas calificadas”.
Por ello, el presidente Luis Arce destinó más de 99 millones de bolivianos, para este pago y destacó en conferencia de prensa, en la que las víctimas fueron representadas por un importante luchador de la recuperación de la democracia, Constantino Lima Chávez y Alina Clavijo viuda de León, esposa de una de las víctimas.
El pago que se hace realidad después de casi dos décadas, en el marco de la Ley 1446 de 25 de julio de 2022, que modificó el inciso b) del artículo 16 de la Ley 2640 de 11 de marzo de 2004, autorizando al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, asignar recursos por un monto de hasta Bs. 99.925.916,16.
Siles explicó que los montos se diferencian de acuerdo con la calificación y la categoría, entre víctimas directas e indirectas (familiares).
El inicio del pago es el resultado del compromiso del Gobierno nacional con la promoción y defensa de los derechos humanos, que en el caso de las víctimas de violencia política se traduce además en la obligación de viabilizar un derecho adquirido desde el 2012, cuando a través del Decreto Supremo 1211 de 1 de mayo de 2012 se aprueba la lista oficial de 1.714 víctimas a quienes inicialmente se les realizó el pago del 20% del monto total de resarcimiento, quedando pendiente el 80%.
Con el objetivo de dar cumplimiento a dicha obligación, el 21 de agosto de 2022, se firma el Acuerdo Nacional con representantes de la Plataforma de Luchadores Sociales Contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano Sobrevivientes de las Dictaduras; el Movimiento de Mujeres Libertad; y la Unión Nacional de Expresos y Exiliados Políticos de Bolivia.
Con la firma del documento, se establecen los siguientes compromisos: coadyuvar al cumplimiento de la Ley que efectiviza el pago del 80% del monto total del resarcimiento; presentar el proyecto de ley que tiene por objeto establecer un procedimiento excepcional de revisión extraordinaria del proceso de calificación, en el marco de la Ley 2640.
Presentar la Política Pública de Reparación Integral a Víctimas de Graves Violaciones a sus Derechos Humanos, hasta el 31 de diciembre de 2022, para el trámite de aprobación correspondiente; asignar un ambiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, adecuado para que las víctimas puedan celebrar sus reuniones; y gestionar el uso de un espacio público conmemorativo de la lucha por la recuperación de la democracia, en el espacio donde se encontraban asentadas las carpas.
En ese sentido el 15 de diciembre de 2022, esa cartera de Estado inicia, a nivel nacional, la recepción de las solicitudes de pago, habiendo recibido a la fecha más de 500, de las cuales, 300 fueron remitidas al Ministerio de la Presidencia, en grupos de 100, el 15 de febrero, 6 de marzo y 18 de abril de la presente gestión. Un cuarto grupo de carpetas será enviado en los próximos días, y un quinto grupo se encuentra en proceso de revisión.
El Viceministro remarcó que hoy se da cumplimiento al primer punto de la entrega del 80% restante del resarcimiento económico; también, se elaboró y presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley para el proceso excepcional de recalificación, para quienes no lograron demostrar el grado de afectación que sufrieron durante el periodo de gobiernos inconstitucionales.
Además, enfatizó en que, en marzo de este año, se aprobó la Política Pública de Reparación Integral a Víctimas de graves violaciones a sus Derechos Humanos y actualmente se trabaja en su implementación.
“Un hito histórico para Bolivia es tener aprobada la Política Pública, que no únicamente involucrará a las víctimas de este periodo, también están las víctimas de 2019-2020”, indicó.
Siles mencionó que se gestiona ante el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se designe el espacio donde se instalaron las carpas durante una década a fin de construir en el lugar la Casa de la Memoria, para dar cumplimiento a todos los compromisos asumidos.