Presentan informe de situación de población guaraní vulnerable en la hacienda La Tunita
Los viceministerios de Justicia Indígena Originaria Campesina, y Justicia y Derechos Fundamentales, dentro de la protección de derechos activada conforme a la Ley 450 de protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en situación de alta vulnerabilidad, presentó el informe de situación de derechos de la población guaraní asentada en la hacienda “La Tunita”, en el territorio de la capitanía Kaaguazu, autonomía indígena Kereimba Iyaambae, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.
En una reunión organizada por el Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina, se hizo la entrega formal del Informe de Relevamiento de Información del Caso Tunitas en el que se evidenció vulneraciones a los derechos humanos de familias guaraníes que habitan en dicha hacienda.
Para la elaboración del documento, se realizaron visitas al lugar, además de entrevistas a diversos actores, lo que permitió evidenciar la situación de vulnerabilidad de dicha población.
La reunión fue precedida por el viceministro de Justicia Indígena Originaria Campesina, Absalon Conurana y el director General de Justicia Indígena Originaria Campesina, Iván Bascope. Además, participaron autoridades y representantes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, Defensoría del Pueblo, y Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Por su parte el INRA dio a conocer el cronograma para iniciar un procedimiento de verificación de la función económica social de dicha hacienda, además de la presunta existencia de relaciones de servidumbre.
Asimismo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social anunció que presentará una estrategia de seguimiento para coadyuvar en las acciones legales para la efectivización de los derechos laborales y del pago de beneficios sociales de los trabajadores guaraníes de la hacienda La Tunita.
De esa manera se constituyó una comisión interinstitucional de seguimiento a las acciones realizadas en favor de la comunidad guaraní que vive dentro de la hacienda, como mecanismo de seguimiento y obtención de resultados en cuanto a la demanda sociolaboral, el tema agrario y la restitución de derechos fundamentales, donde además se acordó poner en marcha medidas de protección y asistencia para el ejercicio de los derechos de la población indígena afectada.
Análisis social y de derechos
De la información recabada se constató la existencia de alrededor de 14 familias, entre las que se encuentran personas adultas mayores, hombres, mujeres, niños y niñas, cuya situación familiar se encuentran en riesgo de quebrantarse por el contexto en el que se desarrollan, privadas del pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.
De acuerdo con el informe, son notorios los factores de vulneración a los derechos en el ámbito personal, familiar, social, económico y ambiental. A su vez, se evidencia el riesgo de desplazamiento forzoso, pese a que su raíz cultural como asentamiento humano radica en el lugar.
Su exigencia de cumplimiento de sus derechos sociolaborales, surge toda vez que en gestiones pasadas habrían trabajado para los dueños de la hacienda y no habrían recibido el pago de sus derechos laborales ante un despido intempestivo.
Las presumibles relaciones de servidumbre de data histórica habrían ocasionado una limitación al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.
El Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina y el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, en el marco de la Ley 450 de protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en situación de alta vulnerabilidad, cumplen con el control de convencionalidad y la coordinación interinstitucional para la restitución de los derechos afectados, en ese marco recibe e investiga denuncias relacionadas a la problemática.
