Organizaciones refuerzan acciones para aplicar la Ley 243 en asambleas departamentales
Ante la persistencia del acoso y la violencia política contra las mujeres, la red Coordinadora de la Mujer y la Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales de Bolivia (AMADBOL), en alianza con la Defensoría del Pueblo y en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), sostuvieron este jueves el primero de varios encuentros técnicos orientados a promover la adecuación de los reglamentos internos y de ética de las Asambleas Legislativas Departamentales, en el marco de la Ley N.º 243, Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.
A más de una década de promulgación de la Ley 243 (2012), el acoso y la violencia política siguen siendo una barrera estructural para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.
“La ley no puede quedar en el papel. Urge que las asambleas departamentales y todos los órganos de representación-adecuen sus normativas internas y activen mecanismos reales de prevención, denuncia y sanción, porque garantizar una participación libre de violencia es condición indispensable para la democracia”, afirmó Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer.
El encuentro tuvo lugar en la ciudad de La Paz, con la participación de asambleístas departamentales y autoridades de todos los Tribunales Electorales Departamentales, representantes de la Defensoría del Pueblo del país. Así también, estarán presentes el Directorio de la Amadbol y las AMAD departamentales y la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), que participará en calidad de invitada.
Según el informe de la Defensoría del Pueblo “Sin nosotras, no hay democracia. Cumplimiento de la Ley N.º 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres”, hasta 2019, el 55,6 % de las Asambleas Legislativas Departamentales (Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Potosí y Santa Cruz) y solo el 26 % (54 de 91) de los concejos municipales evaluados habían cumplido con la Disposición Transitoria Quinta de la ley, que obliga a adecuar la normativa interna para sancionar actos de acoso y violencia política. Además, ocho de los nueve órganos legislativos departamentales-con excepción de Tarija, que no presentó información-no contaban con presupuesto específico para implementar la norma.
El informe defensorial advierte que, aunque la mayoría de las asambleas incorporaron parcialmente disposiciones de la ley en sus reglamentos o comisiones de ética, estas medidas siguen siendo insuficientes para garantizar una protección efectiva a las autoridades mujeres.
Los datos confirman la magnitud del problema. A 13 años de la promulgación de la Ley 243-la primera de su tipo en América Latina-, ocho de cada diez mujeres autoridades electas han sufrido acoso o violencia política alguna vez en el ejercicio de sus cargos, aunque la mayoría nunca denunció estos hechos (La paridad más allá de la paridad, Oxfam, Coordinadora de la
Mujer y UMSS, 2022). En la última década, Acobol registró 1.049 denuncias de acoso y/o violencia política contra concejalas y alcaldesas; solo en 2021 se reportaron 151 casos, uno de los picos más altos, vinculado a la práctica de la denominada “gestión compartida”, una forma de presión que vulnera los derechos políticos de las mujeres y contradice el mandato constitucional de cinco años.
Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral registró entre 2016 y septiembre de 2025 un total de 386 denuncias de acoso y violencia política, principalmente en los departamentos de La Paz y Cochabamba. Cabe recordar que la instancia electoral es una de las vías contempladas por la Ley 243 para denunciar estos delitos; las otras vías son: administrativa, constitucional y penal.
Así, el acceso a la justicia sigue siendo mínimo: de las 928 denuncias procesadas por el Ministerio Público entre 2012 y 2025, solo ocho llegaron a sentencia-cinco por acoso político y tres por violencia política-, 28 están en etapa preliminar, 23 en etapa preparatoria, 23 en juicio, dos en apelación y 844 casos fueron cerrados, es decir, el 91 %, según datos difundidos por la Defensoría del Pueblo en octubre pasado.
En este contexto, la articulación interinstitucional entre la Coordinadora de la Mujer, Amadbol, el TSE y la Defensoría del Pueblo busca fortalecer la aplicación efectiva de la Ley 243 desde los gobiernos subnacionales. El encuentro de este 13 de noviembre marca el inicio de un proceso técnico y político orientado a construir espacios legislativos seguros y libres de violencia, condición esencial-coinciden las instituciones-para consolidar una democracia verdaderamente paritaria en Bolivia.
Rdc
