La Defensoría plantea 10 acciones para allanar el camino hacia la concertación en Censo
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, planteó este jueves un decálogo de acciones para allanar el camino rumbo a la concertación y así poner fin al conflicto referente al Censo Nacional de Población y Vivienda, y frenar la escalada de violencia que se registra en el departamento de Santa Cruz y deriva en la vulneración de los derechos humanos.
“Todos los involucrados en el conflicto deben evitar declaraciones que perjudiquen el proceso de diálogo y las posibles las soluciones”, dijo Callisaya.
Como segundo aspecto, indicó que el Gobierno debe dialogar con líderes que impulsan las manifestaciones sociales en Santa Cruz y para lograr un cuarto intermedio que permita que las familias accedan a la provisión de alimentos, medicamentos y acceso a servicios básicos.
Se plantea que el Gobernador de Santa Cruz debe concertar con los movilizados para que flexibilicen el tránsito o circulación de las personas, de tal modo que no se vulneren sus derechos, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad.
El Gobernador como autoridad electa tiene la responsabilidad de promover al diálogo, sin ceder la misma a otras instancias, señala el cuarto punto del decálogo.
Otro de los puntos señala que las autoridades de las diferentes instancias del Gobierno y el Comité Interinstitucional deben pedir a los manifestantes evitar más violencia.
Además, que el Alcalde debe continuar promoviendo el levantamiento de los bloqueos sobre el botadero de basura porque es su responsabilidad.
Asimismo, en el séptimo punto, el documento señala que los medios de comunicación deben cumplir con su rol de constructores de la defensa de los derechos humanos y el diálogo.
Respecto al Censo, la propuesta defensorial señala que es una demanda legítima del pueblo, sin embargo, debe encontrar respuestas en el nivel técnico.
El penúltimo punto enfatiza que el Gobierno, en todos sus niveles, debe garantizar la provisión de alimentos, acceso a servicios básicos, insumos médicos, trasporte y combustible, con prioridad a la población vulnerable como son los niños niñas, adultos mayores y personas con discapacidad.
Finalmente, recomienda que el Gobierno a momento de hacer uso de la fuerza pública debe respetar de manera proporcional los derechos humanos establecidos en la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
