Defensoría observa que el Estado vulnera el derecho a la protección de la niñez

La Defensoría del Pueblo observó el lunes que el Estado vulnera el derecho a la protección que tienen niños, niñas y adolescentes (NNA) trabajadores porque no desarrolló los planes y programas establecidos en la norma para proteger a favor de esta población y que las instancias competentes no cuentan con los registros y no hacen inspecciones específicas para verificar sus condiciones laborales, entre otras deficiencias.

“A la fecha, ninguno de los planes y programas establecidos por el Consejo Nacional de la Niña, Niño y Adolescentes ha sido desarrollado por el Estado, a través de los ministerios de Planificación del Desarrollo, Trabajo, y Justicia, lo que implica la ausencia de políticas a nivel departamental y municipal, y consecuentemente la ausencia de acciones programáticas para el ejercicio y vigencia de los derechos de las NNA con relación al trabajo”, indicó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz durante la presentación del informe defensorial “Trabajo infantil y adolescente en Bolivia: Vulneración del derecho a la protección de niñas, niños y adolescentes con relación al trabajo”.

Precisó que esos programas son el de Prevención y Protección Social para NNA menores de 14 años en actividad laboral y para la Eliminación de las Determinantes de Actividades Laborales y Trabajos Peligrosos, Insalubres o Atentatorios a a Dignidad e Integridad de Niñas, Niños y Adolescentes.

El informe presentado en la organización Manq’a, contiene el resultado del estudio y evaluación a la implementación de las políticas públicas y medidas de protección con relación al trabajo infantil y adolescente en 67 gobiernos autónomos municipales del país, entre los cuales se incluyen a los nueve municipios capitales de departamento y El Alto.

Cruz señaló que en este documento se revela que el 88% de los municipios no realizaron registros ni autorizaciones del trabajo adolescente y que sólo el 12% cuenta con 133 registros a nivel nacional, de los cuales sólo el municipio de Puerto Villarroel ha reportado 81. También indica que sólo cinco gobiernos autónomos municipales cumplieron con las gestiones para la certificación médica y las verificaciones socioeconómicas, y sólo cuatro usan el Formulario del Ministerio de Trabajo.

Observó que el Ministerio de Trabajo no hizo inspección al trabajo de adolescentes registrados, pues no cuenta con esos registros. Sólo hizo inspecciones de oficio, pero éstas no han sido efectivas ya que no han evidenciado ninguna vulneración o infracción al derecho a protección de los niños, niñas y adolescentes trabajadores (NNATs).

De las ocho Alcaldías que realizaron registros y autorizaciones, cinco hacen seguimiento, y tres no lo hacen, aunque una de ellas dijo realizar inspecciones preventivas para identificar a niñas, niños y adolescentes trabajadores en su jurisdicción.

Otro problema que se identifica en el informe defensorial, dijo Cruz, es que el Ministerio de Trabajo no cuenta con protocolos de inspección aprobados ni un reglamento específico de supervisión, lo que deriva en inspecciones ineficaces para la restitución de derechos. Además, esta cartera de Estado sólo tiene tres profesionales capacitados específicamente para inspecciones en trabajo infantil y adolescente en todo el territorio nacional, y no ha actualizado las listas de actividades laborales y trabajos peligrosos insalubres o atentatorios a la dignidad e integridad de NNAs.

“La investigación defensorial también evidenció la vulneración del derecho a la protección con relación al trabajo por ausencia de registros o afiliaciones al Sistema de Seguridad Social, que ascienden a nueve en dos gestiones y ausencia de políticas de seguridad social para este fin, que debían elaborarse por GAMs y que no se han realizado en ninguno de los 67 GAMs parte de la intervención”, añadió la autoridad defensorial.

Por contra partida, el problema de niños, niñas y adolescentes que trabajan en Bolivia es relevante, pues según la Encuesta de Niñas Niños y Adolescentes que Realizan una Actividad Laboral o Trabajan (ENNA), 297.000 NNA o el 41% del total que trabaja realiza más de una actividad laboral o trabajo peligroso, prohibido e insalubre que afecta a su desarrollo y que pone en riesgo su permanencia en el sistema educativo. 

El informe también encontró algunas deficiencias en esa encuesta, que es la única base de datos para realizar políticas públicas, pues ésta ha utilizado definiciones operativas que no se corresponden con la ley: la categoría “ayudante familiar” no se encuentra en el Código Niña Niño Adolescente (CNNA), pero agrupa a 250.00 NNATs, de los cuales el 69% realiza esta actividad en condiciones que vulneran sus derechos y no identifica a adolescentes en trabajo doméstico, lo que implica que esta población se encuentra fuera del alcance de medidas de protección como registros e inspecciones.

“Decimos que la ENNA es la única base de datos para trabajar políticas públicas y hacer seguimiento a medidas de protección porque hemos advertido que el Sistema de Información de NNA a cargo del Ministerio de Justicia, que tiene 5 módulos, dispuesto en la Ley 548 desde 2014, aún no está en funcionamiento pleno, ya que el Módulo de Información de las Defensorías a cargo de los GAMs está instalado únicamente en el 57% de los GAMs”, enfatizó la Defensora del Pueblo.

Cruz señaló que el informe realiza recomendaciones a las diferentes autoridades nacionales y locales para proteger a los niños, niñas y adolescentes con relación al trabajo, como al Ministerio de Justicia para que garantice y desarrolle el Programa de Prevención y Protección Social para Niñas, Niños y Adolescentes Menores de 14 Años en Actividad Laboral, y al Ministerio de Trabajo para que diseñe e implemente el programa destinado a la eliminación de las determinantes de actividades laborales y trabajos peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad e integridad de NNAs, entre otras.

“Queremos velar por un sistema de protección efectivo para el avance progresivo del ejercicio del derecho a la protección con relación al trabajo, mediante programas y políticas para esta población, el ajuste normativo del CNNA para protegerla, contar con un sistema de información y datos estadísticos de este fenómeno social, establecer protocolos y lineamientos eficaces para  registros e inspecciones, y mejorar las capacidades de las defensorías de la Niñez y Adolescencia”, destacó la Defensora.

En el acto, también expusieron una evaluación del informe, Ricardo Giavarini, Director de Munasim Kullakita; Cristian Marcani, representante de los NNATs de La Paz; Esperanza Flores Bautista, secretaria de Coordinación Nacional UNATSBO; Jorge Domic Ruiz, Presidente de la Fundación La Paz; Rodrigo Puerta Orellana, Director Ejecutivo FAM, e Iván Lima Magne, Ministro de Justicia.

Esta autoridad destacó que “el informe de la Defensoría del Pueblo es un instrumento fundamental para entender la problemática, pues ha reconocido una serie de falencias que requieren modificaciones normativas, que hay que hacerlas”. “Como Ministerio de Justicia consideramos que las recomendaciones defensoriales tienen que cumplirse y las vamos a presentar a la Asamblea Legislativa”, anunció el Ministro.

Por su parte, Orellana manifestó que el informe defensorial “es un trabajo muy útil para conocer la realidad en la que se encuentra la responsabilidad de cada nivel del Estado” y enfatizó que el documento muestra “cifras alarmantes”, como que sólo ocho municipios realizan el registro y dan autorizaciónd al trabajo infantil. “Esto nos lleva, dijo, a preguntarnos sobre cuáles son las causas para tan bajo cumplimiento”.

Al finalizar el acto, la Defensora del Pueblo dijo que entrega el informe a los NAATs con la finalidad de que se convierta en “un instrumento más de lucha”. “Conocemos la organización, admiramos la valentía y constancia que han tenido para ser escuchados y para que se les reconozca sus derechos. Esperamos que la norma pase de deber ser a ser para cambiar la realidad de los NAATs”, manifestó la autoridad defensorial.

Datos relevantes de la ENNA 2019

• 724 mil niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizarían una actividad laboral o trabajo, de las cuales 49.03% eran mujeres y 50.9% eran hombres.
• Alrededor de 297 mil NNAs (41.1%) realizan actividad laboral o trabajo en una o más condiciones peligrosas prohibidas o insalubres, que afectan a su desarrollo o ponen en riesgo su permanencia en el sistema educativo.
• 403 mil o el 56% son NNA de 5 a 13 años y 321 mil o e 44% son NNA entre los 14 a 17 años.