Defensor revela que el 55% de mujeres en cárceles están en situación de vulnerabilidad
El informe defensorial “Mujeres en cárceles de Bolivia”, elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), pone en evidencia que más de la mitad de la población penitenciaria femenina pertenece a alguno de los siguientes grupos en situación de vulnerabilidad: personas extranjeras, madres, mujeres embarazadas, mujeres que viven con sus niñas y niños menores de 6 años dentro el penal, personas adultas mayores, que pertenecen a alguna nación o pueblo indígena, mujeres con diversa orientación de género, personas con discapacidad, personas con VIH, discapacidad psicosocial, drogodependientes, afrobolivianas o personas con alguna enfermedad de transmisión sexual.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, remarcó el hecho que, la situación de las personas privadas de libertad reviste una serie de situaciones que vulneran sus derechos humanos, como el hacinamiento, el uso excesivo de la detención preventiva, la falta de acceso a servicios de salud, problemas en la distribución de prediarios (estipendios monetarios para la alimentación de cada privada de libertad), además del monto insuficiente de estos, entre otros aspectos.
Sin duda, observó la autoridad, este contexto se potencia aún más si las mujeres privadas de libertad pertenecen a alguna población en situación de vulnerabilidad.
“El 55% están en situación de vulnerabilidad, ya sea porque son mujeres embarazadas, tienen hijos que los acompañan, son personas adultas mayores, personas con discapacidad, son personas LGBTI, entre otros, que las colocan en una situación de alta vulnerabilidad, es decir, más de la mitad de las mujeres privadas de libertad se puede asumir en una situación de vulnerabilidad”, puntualizó, durante la presentación de la investigación, este miércoles.
Esta investigación también hace hincapié en la situación que viven 145 niñas y niños menores de seis años, quienes habitan en los centros penitenciarios junto a sus madres, expuestos a las condiciones precarias de las cárceles y los efectos del hacinamiento, que afecta a todo el sistema penitenciario boliviano.
La recopilación de datos expresada hasta diciembre de 2023, da cuenta de la existencia de 1.871 mujeres privadas de libertad, dato que se incrementó en un 12,5 % entre enero y junio de 2024, alcanzando un total de 2.150 mujeres privadas de libertad
“Mujeres en cárceles de Bolivia” pone en evidencia que el 72% de las mujeres privadas de libertad se concentra en centros penitenciarios de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, y enciende las alertas de que la población penitenciaria aumenta cada año, haciéndose insostenible por lo gastos que implica para el Estado y los riesgos de motines y violencia en cárceles como protesta de las condiciones inhumanas en las que viven.
En este sentido, el Defensor del Pueblo, planteó a las autoridades competentes acciones concretas que atiendan lo inmediato con una mejora de la gestión de la emergencia cotidiana y paralelamente avanzar en los temas de fondo para resolver problemas estructurales, siendo necesaria instalación de una Mesa de diálogo permanente para la problemática penitenciaria, con la participación de todos los actores involucrados y que pueda para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y su reinserción social mejorando la respuesta estatal al fenómeno delictivo en la sociedad.
Rdc/dea
