COB advierte que la criminalización de la protesta profundiza el conflicto social

La Central Obrera Boliviana (COB) afirmó que la protesta social es un mecanismo democrático y legítimo de petición, y advirtió que la criminalización de las medidas de presión solo contribuye a la radicalización del conflicto, cuando el Estado no responde oportunamente a las demandas sociales.

A través de un pronunciamiento público, el ente matriz de los trabajadores recordó que ningún sector sale a las calles por capricho o deporte, sino luego de agotar las vías lícitas, pacíficas y reivindicatorias, como el envío de notas, solicitud de audiencias, marchas, vigilias, concentraciones y cabildos, que forman parte de la vida democrática del país.

La COB señaló que cuando estas expresiones pacíficas no reciben respuesta y el Gobierno evade, dilata o guarda silencio, la tensión social se acumula y da lugar a medidas más duras, como el bloqueo de caminos, que —remarcó— no deben ser interpretadas de manera simplista como delitos, sino como medidas extremas ante el cierre de los canales efectivos de diálogo.

En ese contexto, la organización sindical sostuvo que la responsabilidad de evitar la escalada del conflicto no está en castigar el síntoma, sino en corregir la causa, garantizando atención oportuna a las demandas legítimas, habilitando espacios reales de negociación y actuando con buena fe. Asimismo, subrayó que la paz social no se decreta, sino que se construye con justicia, respeto y atención oportuna.

La Central Obrera Boliviana también rechazó los intentos de imponer una narrativa que reduce toda forma de presión social a la criminalidad, recordando que muchos avances históricos se lograron gracias a la organización colectiva, los cabildos, las asambleas y las decisiones reivindicatorias abiertas, que constituyen expresiones de soberanía popular.

Finalmente, la COB exigió al Gobierno garantizar no solo el abastecimiento, la salud y el tránsito, sino también los derechos colectivos y el derecho del pueblo a ser escuchado, advirtiendo que el camino hacia la paz no es la criminalización de la protesta, sino la apertura de canales efectivos de diálogo y la atención de las demandas sociales, para evitar que la sociedad sea empujada a medidas extremas.