Arce pide justicia para víctimas de 2019 y cuestiona fallos judiciales recientes
El presidente Luis Arce expresó su preocupación ante lo que considera una deuda de justicia con las víctimas de los hechos luctuosos de 2019. Recordó que los organismos internacionales catalogaron estos hechos como masacres y crímenes de lesa humanidad e instó a los jueces actuar con objetividad.
“A seis años de los trágicos acontecimientos que enlutaron a nuestra nación, observamos con profunda preocupación que la justicia para las víctimas de 2019 sigue siendo una deuda pendiente”, escribió Arce en sus redes sociales.
El jefe de Estado subrayó que el dolor de las familias que aún lloran por sus seres queridos exige una respuesta justa y oportuna.
“El dolor de los padres, madres, hermanos e hijos que continúan llorando a sus seres queridos es una carga que exige una respuesta. Resulta incomprensible e indignante que crímenes de lesa humanidad, reconocidos como masacres por organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no reciban el debido tratamiento judicial”, añadió.
El mensaje de Arce se da luego de una serie de decisiones adoptadas por tribunales en relación al denominado caso Golpe de Estado I y los procesos vinculados a las muertes de civiles durante las intervenciones militares y policiales en 2019.
Ante esta situación, Arce instó a los operadores de la justicia guiarse por la verdad y la objetividad, priorizando a las víctimas.
“Con absoluto respeto a la independencia de poderes, hacemos un llamado a los operadores de justicia para que su labor se guíe por la verdad y la objetividad, priorizando siempre la dignidad de las víctimas. Ellas merecen determinaciones justas y oportunas”, manifestó.
Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno de honrar la memoria de quienes fallecieron y acompañar a quienes claman por justicia.
Antecedentes
El pasado martes por la noche, el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz ordenó la libertad pura y simple del exdirigente cívico potosino Marco Pumari, al tiempo que dispuso detención domiciliaria para el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. Ambos son investigados por su presunta participación en los hechos que derivaron en la toma del poder por parte de Jeanine Áñez.
A ello se sumó la decisión del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto que, el lunes, determinó la anulación de obrados en el proceso contra Jeanine Áñez y otros acusados por la masacre de Senkata. La resolución instruye remitir los antecedentes a la Fiscalía General del Estado, abriendo la posibilidad de un juicio de responsabilidades.
Esta determinación generó el rechazo de familiares y organizaciones de víctimas, quienes calificaron la medida como un retroceso en la búsqueda de justicia.
“El TSJ ha atentado contra las víctimas, dejando en impunidad las muertes, la masacre que ya ha sido confirmada por la CIDH. El juez ha firmado ese fallo con sangre, con la sangre de nuestros hijos”, denunció representante de las víctimas de Senkata, Gloria Quisbert.
Por su parte, el activista David Inca, que acompaña a los familiares de las víctimas, cuestionó la legitimidad del fallo.
“Los victimarios argumentaron ser víctimas y a las víctimas se las deja en indefensión (...) la impunidad ganó con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó.
Las organizaciones de víctimas anunciaron que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en busca de mecanismos internacionales que garanticen el acceso a la justicia.
