Presentan anteproyecto para agilizar cobro de deudas con cualquier entidad del Estado
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional presentó el anteproyecto de Ley de Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo con el objetivo de regular el procedimiento del cobro de deudas con el Estado, desde la presentación de la demanda hasta la emisión de la sentencia de toda controversia que se haya generado en ese sentido.
“En la sesión de Gabinete se ha aprobado el anteproyecto de ley respecto a los Procesos Contenciosos y Contenciosos Administrativos, se trata de una forma de cobrar las deudas con el Estado, no solamente a partir de contratos que hace el Estado con las empresas de obras y servicios, sino también se han definido de mejor manera lo que son estos procesos”, informó la titular de esta cartera de Estado, Jessica Saravia Atristaín.
Explicó que el anteproyecto pretende fortalecer el principio de legalidad de los procesos y permitir al Estado de manera más expedita, cobrar deudas a través del incumplimiento de contrato y la aplicación de la normativa administrativa.
“Este proyecto normativo que está ajustando plazos, procedimientos y proceso, viene de 2002, (...) a la fecha tenemos un instructivo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, pero no tiene rango de ley, para nosotros es importante darle rango de ley por el beneficio que va a tener el Estado y las partes involucradas”, acotó Saravia.
Subrayó que se tiene que garantizar el principio de legalidad para todas las partes que intervienen en el proceso, dando, por ejemplo, la posibilidad a las personas procesadas de recurrir a un fallo en caso de que no estén de acuerdo.
Actualmente, la tramitación de dichos procesos se la realiza aplicando el acuerdo de Sala Plena Nº 27/2019 de 28 de noviembre de 2019 del Tribunal Supremo de Justicia; sin embargo, este debería ser únicamente de uso interno ya que podría afectar derechos de terceros y el debido proceso al ser modificado de manera unilateral.
En ese marco, la propuesta normativa, fortalecerá el principio de legalidad, permitirá ejercer un control judicial y garantizará el debido proceso para todas las partes involucradas, además de ejecutar las resoluciones administrativas que contengan sumas líquidas producto de la imposición de multas, dando certeza sobre su procedimiento y evitando dilaciones innecesarias.
Rdc/dea
