Gobierno desfalca dinero de jubilados, mutila la Renta Dignidad y afana el presupuesto de la CNS
Dirigentes de la Federación de Jubilados de La Paz en conferencia de prensa
La Federación Departamental de Jubilados de La Paz se movilizó este miércoles para denunciar a la opinión pública que el Gobierno no solamente desfalcó y/o decomiso los recursos económicos de la Gestora Pública o mutilar la Renta Dignidad, sino que ahora mete sus manos a los recursos de la Seguridad Social.
Denuncian que el Poder Ejecutivo de manera mañosa resolvió ignorar la Constitución Política del Estado (CPE), al aprobar el Presupuesto General del Estado (PGE), mediante Decreto Supremo, al más puro estilo de un Gobierno dictatorial, antidemocrático, por el cual se violaron los siguientes preceptos legales:
Se ha eliminado la “Renta Dignidad” para una gran parte de los jubilados mayores de 60 años de edad, violando el principio de “Universalidad de la Renta” para todos los bolivianos y bolivianas, reduciendo sus ingresos que cada día que pasa se reducen drásticamente en su poder adquisitivo.
Asimismo, habiéndose conformado el Sistema del Sistema Nacional de Pensiones que define las áreas del sistema contributivo, semi contributivo y no contributivo, en el que se reconoce el derecho a la Renta de Vejez : Renta Dignidad pero que sorprendentemente, se ha eliminado la misma para una gran parte de los jubilados mayores de 60 años, violando el principio de Universalidad de la Renta para todos los bolivianos y bolivianas, reduciendo sus ingresos que cada día que pasa se reducen drásticamente en su poder adquisitivo.
El mencionado Decreto Supremo aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE), en una norma estrictamente económica, establece una acción netamente administrativa, nombrando por un año más al Gerente General Interino de La Gestora Pública, en contra de toda norma legal y han transformado a Bolivia en un “país de interinos”, lo peor es que éste Gerente Interino, sin autorización de los beneficiarios, los dueños legales de los recursos de La Gestora, ha entregado los AHORROS a la angurria del Gobierno de turno y las empresas financieras, tal como está ocurriendo con los más de ocho mil millones de bolivianos prestados al Gobierno de Luis Arce Catacora, de dudosa recuperación y los catorce mil millones de dólares entregados a la Banca Privada
La Asamblea Legislativa, por su lado, aprobó la Ley 1582, por el cual supuestamente los jubilados deberían obtener una nivelación después de cinco años, tal como fue, establecida en la funesta Ley 065 de Pensiones, sin embargo a pesar de que sus propios corifeos pedían un mayor incremento a los límites solidarios, se aprobó una escala promovida por la propaganda oficialista, por la cual, iban a beneficiarse hasta con Mil Bolivianos (Bs1000) a los que tenían hasta 35 años de aportes, LA MAYOR ESTAFA QUE EL GOBIERNO ACTUAL HA HECHO A LOS JUBILADOS Y JUBILADAS DEL PAÍS, ya que al momento de realizar los cálculos muchos rentistas se encontraron con una realidad lacerante al comprobar que no tendrán ese aumento en sus rentas o en su caso llegará a sumas irrisorias de 5 o hasta 43 bolivianos.
Desde el comienzo del análisis de esta Ley, conocido como Proyecto 35, hubo resistencia y rechazo para que se NO SE apruebe dicha norma, pero los traidores, que siempre existen en toda organización, con engaños indujeron a su aprobación, para escarnio de los rentistas, que se presentan con la esperanza de recibir “siquiera” ese mísero aumento y en la Gestora le abofetean con la frase, “usted no tiene aumento”.
Lo más grave, es que obligan a firmar un Anexo 1, por el cual se acepta esta afrenta y se pretende añadirle al Contrato Individual firmada con las AFPs como una adenda para seguir usufructuando los recursos con una falsedad a todas luces engañosa.
El Poder Judicial, una vez más se ha puesto a la orden del Gobierno para que con triquiñuelas no haya aceptado el “recurso abstracto de inconstitucionalidad” por el cuál establecían lo que en realidad es, que los fondos del Sistema de Pensiones son PRIVADOS y son los legítimos propietarios y no haya respuesta hasta la fecha al recurso de queja.
Institucionalmente, la Caja Nacional de Salud (CNS), ha ingresado, como toda empresa manejada por este Gobierno, a una ineficiente administración, que se manifiesta en falta de medicamentos, infraestructura, equipamiento y personal especializado. Los sistemas de control estructurados en los últimos tiempos son peores que la enfermedad y, lo más ruin que se les ha ocurrido es que en el PGE del presente año 2025, la CNS NO recibirá el 16 % de su presupuesto anual que estará a disposición del Gobierno central.
Por todo lo antedicho, los jubilados declaran al Gobierno de Luis Arce Catacora, como un Gobierno de facto, ilegal e interino y exigen el inmediato retorno de la Democracia en Bolivia, tomando como principio base que la administración de los recursos debe ser de los propios trabajadores, activos y pasivos, tal como manda la CPE, tomando en cuenta que son recursos originados en el descuento obligatorio por su trabajo realizado a lo largo de la vida laboral. Una jubilación con el 100 % del promedio salarial. Reliquidación de las rentas en curso de pago y administración directa de los jubilados, los dueños de esos recursos.
Dea