La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ratificó este martes su apoyo al Gobierno Boliviano fortificando la lucha contra el crimen organizado transnacional t delitos conexos como el narcotráfico, monitoreo de cocales en Bolivia, trata y tráfico de personas, lavado de activos, prevención del uso indebido de estupefacientes y otras áreas.
Con ese propósito y en el marco de la cooperación internacional, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta, tuvo una reunión de trabajo con la representante de la UNODC en Bolivia, Mónica Mendoza Betancourt.
En el encuentro se abordaron temas de interés común orientados a fortalecer el compromiso conjunto en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y otros desafíos que afectan a la seguridad y el bienestar de la población.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) tiene el objetivo de reducir las drogas ilícitas y la delincuencia en el mundo, entre esos Bolivia. La UNODC hace frente a esa "sociedad incivilizada" apoyando a los Estados Miembros con asistencia técnica, asesoramiento jurídico e investigaciones. También ayuda a los países a aplicar los dispositivos de los instrumentos jurídicos internacionales relativos a las drogas, la delincuencia transnacional, la corrupción y el terrorismo.
La UNODC está presente en Bolivia con un programa de cooperación técnica desde 1985. Inicialmente apoyó en la búsqueda de una solución al cultivo de coca destinado a la producción de cocaína. En ese sentido, el programa dio un fuerte impulso al desarrollo sostenible, tanto en los Yungas de La Paz como en el trópico de Cochabamba y paralelamente a la prevención del consumo de drogas. Luego a partir de 2007, extendió su accionar hacia nuevos retos como la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las capacidades del Estado, especialmente de los operadores de justicia. Esto con el fin de mejorar la investigación y persecución judicial en los casos de delincuencia organizada y delitos conexos, como son la trata de personas, el tráfico ilícito de armas y el lavado de activos.
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