La Ley de Imprenta de 1925 es un hito en la historia jurídica boliviana y un referente para la libertad de expresión en América Latina. Esta norma, promulgada el 19 de enero de 1925 por el presidente Bautista Saavedra, no solo garantiza la libertad de pensamiento, publicación e información, sino que establece principios fundamentales que aún resuenan en el ejercicio periodístico actual.
Erick Torrico Villanueva, vicepresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), quien participó este lunes en el seminario “Periodismo, derechos y democracia”, con la ponencia “Valores, principios y estándares en la Ley de Imprenta de 1925”, destacó que esta ley constituye un “patrimonio jurídico-legal del periodismo boliviano” y su relevancia trasciende el tiempo.
El evento se llevó adelante en el paraninfo universitario en el marco de los actos conmemorativos por el centenario de la Ley de Imprenta.
La Ley de Imprenta de 1925 tiene sus raíces en el Reglamento de Imprenta de 1920 y en la Ley de Imprenta de 1826, aprobada por el Congreso Constituyente. Según Torrico, “este cuerpo normativo integra valores como la libertad, la responsabilidad y la democracia, principios esenciales para garantizar el derecho a la información y la participación ciudadana”, dijo Torrico.
Resaltó que estos valores se reflejan en la prohibición de la censura, la protección del secreto de las fuentes y el derecho a la rectificación y réplica, entre otros aspectos destacados.
El marco normativo de la ley no solo regula la publicación de ideas sin censura previa, sino que también establece un procedimiento claro para el tratamiento de delitos de imprenta. Entre ellos, se identifican los que afectan a la Constitución, la sociedad y las personas.
Para Torrico, esto demuestra que “la ley se adelantó a su tiempo, ya que consolidó principios que posteriormente formarían parte de instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
Principios fundamentales: una estructura sólida
La ley de 1925, recuerda Torrico, incluye principios esenciales que siguen siendo un referente para la práctica periodística. Entre ellos se encuentran:
- La prohibición de la censura previa.
- La responsabilidad de los periodistas en caso de delitos o faltas de imprenta.
- La garantía del secreto de las fuentes de información.
- El derecho de criticar a los poderes públicos y cuestionar actos legislativos, administrativos o judiciales.
- El procedimiento especial de jurados de imprenta para juzgar faltas y delitos.
“Estos principios no solo son un resguardo para los periodistas, sino también para la sociedad en su conjunto, ya que fomentan el pluralismo y la transparencia”, enfatizó.
Valores y estándares: bases de la Ley de Imprenta
Los valores en los que se sustenta esta ley incluyen la libertad, el respeto, la moralidad y la participación ciudadana.
Torrico señala que “estos ideales son los fundamentos axiológicos de las normas y orientan la conducta hacia el bienestar colectivo”. Sin embargo, para que estos principios sean aplicables, es necesario contar con estándares institucionales sólidos y menciona seis:
- La vigencia del Estado de Derecho con separación de poderes.
- La ausencia de obstáculos para la libre expresión.
- La correcta aplicación de la ley frente a excesos.
- El funcionamiento adecuado de los jurados de imprenta.
- La no interferencia estatal en procesos informativos.
- Un llamado a la defensa de la libertad de expresión
- A pesar de su vigencia, advierte que “en el presente siglo, la Ley de Imprenta enfrenta desafíos que dificultan su plena aplicación, lo que resalta la necesidad de preservarla y defenderla”. Los gremios periodísticos bolivianos, en la Declaración de Huatajata de 1998, asumieron esta ley como un patrimonio inalienable y reafirmaron su compromiso con sus valores y principios.
Defender la Ley de Imprenta de 1925 es preservar la esencia de la democracia, el pluralismo y la transparencia. Torrico concluye que “la alianza entre periodismo y ciudadanía es clave para construir una sociedad más justa e igualitaria, donde la libertad de expresión sea un derecho inviolable”.
Rdc/dea
