En la 1ra. Reunión Ordinaria del Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta, exhortó este jueves a las entidades territoriales a consolidar mecanismos permanentes de coordinación con la Policía Boliviana, priorizar la inversión en seguridad ciudadana y trabajar de manera conjunta en políticas públicas orientadas a prevenir el delito y revertir niveles de inseguridad ciudadana en el país.
Expresó su preocupación por los recientes hechos de violencia que se registraron en el país, donde el accionar del crimen organizado ha cobrado vidas, sembró terror y afectó la tranquilidad de las familias bolivianas. Oviedo afirmó que estos hechos demandan una respuesta coordinada y decidida de todas las instituciones del Estado.
Instó a los gobiernos subnacionales a fortalecer el trabajo coordinado y asumir acciones conjuntas para enfrentar de manera firme la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, reafirmando que solo mediante la articulación entre todos los niveles del Estado será posible combatir eficazmente a las organizaciones delictivas y garantizar la seguridad de la población boliviana.
Destacó la importancia de consolidar una coordinación efectiva entre el nivel central y las Entidades Territoriales Autónomas para fortalecer las políticas públicas de seguridad ciudadana en beneficio de la población.
IDH-2026.
“Hacemos un llamado directo y urgente a las entidades territoriales autónomas para acelerar la ejecución del presupuesto proveniente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos destinado a la seguridad ciudadana para la gestión 2026. No se puede marchar sin estos recursos ya asignados y que permanezcan sin ejecutar mientras nuestra sociedad requiere mejor equipamiento, infraestructura y condiciones dignas para quienes nos protegen día a día”, aseveró
POAs
Oviedo instó a gobiernos subnacionales a incorporar oportunamente los requerimientos de la Policía Boliviana en sus Planes Operativos Anuales (POA) de la gestión 2027, con el propósito de garantizar la planificación y disponibilidad de recursos que permitan fortalecer el trabajo preventivo y operativo de la institución policial.
Fue enfático en señalar que la seguridad ciudadana no puede ser asumida únicamente por un Gobierno central, sino que requiere del compromiso, la corresponsabilidad y la articulación permanente entre el Gobierno nacional y las Entidades Territoriales Autónomas para transformar los recursos disponibles en resultados concretos para la ciudadanía.
“Instamos a que las entidades territoriales autónomas a conformar sus consejos municipales y departamentales de seguridad ciudadana hasta el mes de agosto del presente año…sin estos consejos debidamente conformados y en funcionamiento, la coordinación que nos reúne pierde su base institucional en el territorio, no se puede trabajar en políticas de seguridad ciudadana sin la debida institucionalidad que las sostenga”, puntualizó.
ACTUALIZAR LA LEY 264
Planteó la necesidad de abrir un proceso de análisis para actualizar la Ley N.º 264, con el objetivo de adecuar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana a los nuevos desafíos que enfrenta el país, fortaleciendo la coordinación interinstitucional sin alterar los principios fundamentales de la normativa vigente.
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