Un agente de policía corre delante de los manifestantes durante una marcha que exige la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz, mientras la crisis económica y energética del país se agrava debido a la escasez de dólares estadounidenses y la disminución de la producción nacional de energía, en La Paz, Bolivia, el 25 de mayo de 2026. © Reuters/Claudia Morales
ONU Derechos Humanos en América del Sur expresó hoy su preocupación por el aumento de las tensiones y los hechos de violencia en Bolivia en el marco de protestas y bloqueos de carreteras, así como por el impacto en los derechos a la salud, alimentación y otros derechos humanos de la población.
La Oficina manifestó particular preocupación por reportes de personas fallecidas o gravemente heridas en el contexto de bloqueos y operativos destinados a despejar las rutas en distintos departamentos del país. Es indispensable que las autoridades investiguen estos casos de manera pronta, independiente, imparcial y transparente.
La Oficina enfatizó que toda actuación de las fuerzas de seguridad debe ajustarse estrictamente al derecho internacional de los derechos humanos. Todo uso de la fuerza por los agentes del orden debe ser compatible con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación. Se debe investigar de manera eficaz, imparcial y oportuna toda denuncia o sospecha razonable de uso ilícito de la fuerza u otras violaciones de derechos humanos por estos agentes.
La Oficina tomó nota de la abrogación de la ley 1341, que regulaba los procedimientos y límites para la aplicación de estados de excepción. En este contexto, resaltó que las obligaciones internacionales de Bolivia en materia de derechos humanos permanecen vigentes.
La Oficina instó al Gobierno a garantizar el respeto de los derechos humanos. Asimismo, llamó a las autoridades y a los sectores movilizados a priorizar el diálogo y adoptar medidas de desescalada. Resulta urgente evitar una mayor violencia y buscar soluciones pacíficas y democráticas.
Finalmente, la Oficina reiteró su disposición para cooperar con las autoridades y distintos actores sociales en el marco de su mandato de promoción y protección de los derechos humanos.
