La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam HUacani
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani, dijo que la ruta participativa para modificar la Ley Integral 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia se halla en la recta final y permitirá contar con una norma más aplicable, con base en la norma promulgada en 2013 que generó elogios a partir de colectivos de la región.
Recordó que en noviembre del año pasado el presidente, Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 4399 que estableció la necesidad de modificar la Ley 348 y diseñar mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia hacia la mujer.
El ministro Iván Lima Magne en diciembre de 2020 instruyó dar inicio al proceso nacional de recolección de observaciones y sugerencias desde diversos sectores, la sistematización de las mismas, y posteriormente la validación y redacción de la propuesta modificatoria, complementó.
El 9 de marzo de 2013 el expresidente Evo Morales promulgó la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Al respecto la Viceministra recordó que entonces la norma fue objeto de elogios, debido a que logró sacar la problemática de la violencia hacia las mujeres, de una esfera privada a una pública, al establecer la tipificación de diversos delitos entre ellos el feminicidio como un acto que merece la pena máxima de privación de libertad de 30 años y otras determinaciones normativas importantes.
“Ninguna organización social o de sociedad civil indicó que la Ley 348 haya sido un retroceso, por el contrario, muchas organizaciones nacionales y de la región destacan que esta normativa ha sido un avance significativo para las mujeres porque se ha logrado mostrar la violencia hacia las mujeres en el escenario público y establece una tipificación”, expresó.
Sin embargo a ocho años de vigencia de la Ley 348, se vio la necesidad de abrir su texto debido a algunas falencias operativas y vacíos legales identificados, y realizar nuevos aportes construidos desde las bases, junto a organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de víctimas de violencia y de familiares de víctimas de feminicidio, operadoras y operadores de justicia, servidoras y servidores públicos, entre otros sectores.
“La sociedad no es estática, está en constante cambio, por tanto las normas deben ser reformadas, por eso se determinó impulsar el proceso de modificación con un carácter participativo, con todas y todos. Realizar una modificación a la ley con todas las socializaciones, argumentos y ajustes que se requería recoger desde la población, ha sido un arduo trabajo pero necesario, las leyes no se construyen más en los escritorios, sino de la mano del pueblo”, explicó Huacani.
Para esa tarea, desde esta cartera de Estado se realizó un diagnóstico situacional que determinó la necesidad de incrementar acciones de prevención con participación de la familia, la comunidad, la esfera educativa, los medios de comunicación y otras instancias; así como la de ajustar los mecanismos de acción del primer eslabón de recepción de denuncia y atención como es la Policía Boliviana, los SLIM dependientes de los gobiernos municipales y las instancias dependientes de los gobiernos departamentales.
“La población señala que la prevención debe darse desde la sociedad, ámbito familiar, educativo y otras instancias como la Policía, alcaldías, gobernaciones y Gobierno nacional. La gente sabe que hay que prevenir antes que lamentar”, agregó.
Respecto al trabajo del Ministerio Público y del Órgano Judicial, el diagnóstico denotó la cantidad insuficiente de efectivos policiales, fiscales, y juezas y jueces; los juzgados anticorrupción y violencia contra la mujer se encuentran saturados, hecho que genera indefensión, mora judicial e impunidad.
“Se ha identificado que la falta de prevención, de atención oportuna ante las denuncias y la retardación de justicia son el común denominador para no lograr erradicar la violencia contra las mujeres desde la raíz. En ese sentido, durante los foros la población ha pedido una acción directa de todas las entidades del Estado, mayor presupuesto y que los procesos sean más rápidos y transparentes, además de capacitaciones permanentes a quienes atienden estos casos”, indicó la Viceministra.
Durante las jornadas de recolección de propuestas se rescataron otros elementos relevantes, como la necesidad de incorporar nuevos tipos penales referidos a la violencia y acoso digital, la violencia obstétrica, entre otras que en 2013 no habían sido identificadas y generaba un vacío al momento de abrir procesos, investigaciones y emitir sentencias.
Con las propuestas plasmadas en 10 ejes temáticos para la modificación y el diagnóstico, se retornó a las regiones para validar los insumos.
Explicó que tras ese proceso, se trabajó en la redacción con términos legales de las propuestas modificatorias traducidas en un proyecto de ley que próximamente será entregado al Legislativo.
