El Cnl. José Gregorio Illanes Rivero asume la dirección general de la FELCN
El Ministerio de Gobierno interviene la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y relevó al director general y su Estado Mayor, tras la denuncia de una supuesta protección o encubrimiento al narcotráfico en el trópico de Cochabamba.
Por tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, posesionó al Cnl. José Gregorio Illanes Rivero, como el director general de la FELCN, en lugar del Cnl. José María Velasco, hoy investigado por los audios, donde se le escucha ordenar retirar a patrullas antinarcóticos de unos laboratorios de cristalización de cocaína en Villa Sajta, en el trópico de Cochabamba.
Tras juramentar al nuevo director dijo que “debido a los hechos acontecidos y a efectos de seguir demostrando la transparencia que caracteriza nuestra gestión y nuestro Gobierno, se pone a él y todas las jefaturas de grupos especiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico a disposición para garantizar la imparcialidad y objetividad en la investigación que se lleva en curso”, dijo tras juramentar a la nueva autoridad.
Agradeció al Cnl. José María Velasco, por el trabajo que realizó al frente de la FELCN, pero manifestó que se necesita acciones contundentes para luchar contra cualquier irregularidad, ilícito o delito.
Del Castillo fue claro en manifestar que “en caso de encontrarse responsables de la comisión de falta o contravención y/o delito, serán sancionados con forme corresponde y manda la normativa legal vigente, en caso de que se demuestre su inocencia vamos a realizar también las disculpas correspondientes”.
Por tanto, instruyó al Inspector General de la Policía intervenir la FELCN con acceso irrestricto a la información que se precise, procediendo con la investigación a todo lo relacionado con este último caso que se hizo público, sobre la supuesta protección al narcotráfico.
Del Castillo, dijo, que se implementará “la prueba del polígrafo al 100% del personal de los efectivos de la FELCN y sus brazos operativos para detectar la existencia de “elementos policiales que estén cumpliendo contrariamente sus funciones en contra de la constitución y los valores del pueblo boliviano.
Para el efectivo, instruyó al Inspector General de la Policía que tiene quince días para elevar a su despacho un informe que será público a través de los medios de comunicación.
