Según un poblador de Challapata, la actividad ilícita movería al menos el 50% de la economía en Challapata (fotografía referencial)
Personas dedicadas al ilícito de internación y venta de vehículos indocumentados, afirman que funcionarios policiales y militares realizan “cobros excesivos” para autorizar el paso de estos motorizados y que producto de estas acciones existirían varios “damnificados”.
Según la declaración de una persona que aparentemente se dedica a esta actividad, funcionarios policiales y del ejército estarían incurriendo en “excesos” al momento de intervenir en un hecho ilegal; en muchos casos derivando en “balaceras” al intentar evadir el control de los uniformados; trabajo que está respaldado bajo las leyes nacionales. Sin embargo, la apreciación del denunciante deja en claro de que, en el municipio de Challapata, la comercialización de vehículos “chutos” es frecuente.
“Para pasar un vehículo, piden soborno de 100; 200; 300 hasta 1.000 dólares. Aquel compañero que no paga nada, como dicen, en “la escapada”, le tiran la balacera y muere, yo creo que aquí no hay derechos humanos ni nada”, asevera.
La mayor parte de los vehículos que son internados ilegalmente son vendidos en Challapata
CONTROLES
Asimismo, indicó que desde que se instruyó la presencia militar en el lugar desde hace algunas semanas, los compradores de automóviles indocumentados que llegan a este sector desde Oruro, La Paz y otras regiones ya no tendrían esa recurrencia, aspecto que iría en desmedro de la economía de gran parte de las familias que residen en este municipio. Otro aspecto que desde una visión legal y jurídica es cuestionado.
“Con ese temor de que les van a quitar su vehículo, ya no llegan (compradores). En el caso de algún atropello (por los militares), Challapata se va a levantar”, agregó.
Finalmente, indico que las personas dedicadas a la internación y venta de vehículos indocumentados están organizadas o “sindicalizadas” y que antes de cualquier acción de las autoridades debe propiciarse un espacio de diálogo.
