El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en conferencia de prensa
El Gobierno boliviano anunció que tramitará la extradición para los implicados en el daño económico al Estado de 2,3 millones de dólares en la compra irregular de gases lacrimógenos (productos no letales), luego de conocer que fue capturado en EEUU, Sergio Rodrigo Méndez, hombre de confianza y exjefe de gabinete del exministro de Gobierno, Arturo Murillo del régimen de Jeanine Añez.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, calificó de “clan mafioso” y “corrupto” a los exministros de Jeanine Añez, entre esos, Arturo Murillo y Luis Fernando López, y otros implicados en la adquisición de agentes químicos con sobreprecio de 2,3 millones de dólares.
Mostrando imágenes, manifestó que a través del clan mafioso del Gobierno de Áñez, se pagó por los gases lacrimógenos 5.7 millones de dólares y realmente esos agentes químicos costaron al Gobierno de Bolivia 3.3 millones de dólares.
“Estamos hablando de una corrupción de más de 2.3 millones de dólares americanos”, puntualizó.
De acuerdo al ministro de los 2,3 millones, 582.000 fueron entregados a Méndez Mendizábal, el resto fue dividido entre el núcleo del clan que presuntamente estaría conformado por la expresidenta Áñez, Murillo y López.
El pasado 21 de mayo, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), aprehendió a Méndez por percibir presuntamente sobornos de 582.000 dólares en la compra de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma vía intermediarios.
Sergio Rodrigo Méndez acusado de recibir un soborno por facilitar que Luis y Bryan Berkman, junto al empresario cochabambino- estadounidense, Philip Lichtenfeld, hayan permitido la compra de los agentes químicos por medio de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC.
Dejo establecido que “lo que se busca es que Murillo y López sean juzgados en el país y el Gobierno buscará su extradición a través de dos conductos”.
El primero, añadió, seguir el conducto a través de la Secretaria General de Interpol en Lyon, Francia, solicitando la activación del “sello azul” y luego el “sello rojo”.
Sin embargo, como se tiene información que esas personas ya se encuentran en EEUU, se enviará notas correspondientes al Gobierno norteamericano, complementó.
El ministro Del Castillo, dejo establecido, que no se trata de una persecución política gestada desde el Gobierno de Luis Arce, ni impulsada desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), sino se trata de buscar justicia, ya que los trámites para la compra habrían iniciado a los cuatro días de instalado el Gobierno de transición.
