La presidenta de la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO), Jill Aydeé Peñafiel, expresó su preocupación por los efectos negativos que tendrá el reciente incremento salarial anunciado por el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) para la gestión 2025.
Según la FEPO, la medida afectará de manera directa a las pequeñas y medianas empresas del país, especialmente en departamentos como Oruro, donde la economía empresarial es más frágil.
“El incremento salarial afectará gravemente. Va a subir más la inflación y generará más desempleo. En la federación tenemos empresas afiliadas con hasta 420 trabajadores, y muchas de ellas ya anticipan que no podrán sostenerse si este aumento entra en vigencia”, advirtió Peñafiel.
La representante del sector privado en Oruro lamentó que la decisión se haya tomado sin el consenso de todos los actores involucrados. “Estas decisiones deben incluir a los verdaderos interesados. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ya se ha pronunciado con un rechazo claro. No se puede seguir negociando sin escuchar a quienes generan empleo en el país”, dijo.
De acuerdo con datos preliminares compartidos por la Confederación, el incremento salarial podría derivar en el cierre de numerosas empresas a nivel nacional, particularmente en las regiones con menor dinamismo económico. La situación se agrava en departamentos como Oruro, donde los márgenes de operación de las unidades productivas son más reducidos.
“Nosotros, los orureños, solemos ser callados y no reaccionamos como deberíamos. Pero esta vez el perjuicio es muy serio. El Gobierno debe hacerse responsable de las consecuencias. No es justo tomar estas decisiones de manera unilateral. Ya hemos tenido reuniones previas en las que advertimos este escenario. Ahora exigimos un diálogo verdadero con participación del sector empresarial”, enfatizó Peñafiel.
La FEPO, al igual que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, demanda la instalación inmediata de una mesa técnica tripartita, en la que participen el Gobierno, la COB y los empresarios, para revisar la medida adoptada y buscar soluciones que no destruyan el aparato productivo nacional.
