Vecinos hacen fila para comprar gas licuado
La comercialización irregular de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) encendió las alarmas en el municipio de Oruro. El alcalde Iván Quispe denunció que algunos distribuidores estarían entregando directamente este producto a tiendas y domicilios particulares para su posterior reventa hasta en 50 bolivianos, lo que representa un sobreprecio de 27,50 bolivianos respecto al costo oficial, es decir, un incremento superior al 122 %.
Ante esta situación, la autoridad edil instruyó a la Unidad de Defensa al Consumidor movilizar a todo su personal para ejecutar operativos permanentes de control, identificar los puntos de comercialización irregular y asumir las acciones correspondientes contra quienes aprovechan la necesidad de la población para obtener ganancias indebidas.
Según explicó Quispe, durante esta semana se identificaron diferentes viviendas y establecimientos comerciales donde los camiones distribuidores estarían dejando garrafas de manera directa, evitando realizar sus recorridos habituales por los barrios y urbanizaciones de la ciudad.
Esta modalidad permitiría a determinados distribuidores reducir sus gastos de combustible y evitar los recorridos domiciliarios, mientras que los intermediarios obtendrían ganancias mediante la reventa del GLP a precios que duplican el valor establecido oficialmente.
El perjuicio recae principalmente sobre las familias que habitan en las zonas periurbanas, especialmente en las urbanizaciones situadas fuera de la avenida de Circunvalación, donde numerosos hogares todavía carecen de conexiones de gas domiciliario y dependen exclusivamente de las garrafas para preparar sus alimentos.
El alcalde lamentó que estos vecinos deban esperar durante horas la llegada de los vehículos distribuidores, que en muchos casos no aparecen, obligándolos a realizar gastos adicionales en transporte para trasladarse hasta las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en busca de una garrafa.
Frente a estas irregularidades, Quispe advirtió que el municipio no permitirá que se continúe especulando con un producto indispensable para la economía familiar.
“Vamos a ingresar, vamos a decomisar todas sus garrafas y los vamos a denunciar penalmente por lo que están haciendo”, manifestó la autoridad, al anunciar las medidas que pretende aplicar contra los responsables de estas prácticas.
Asimismo, cuestionó que, en medio de las dificultades económicas que atraviesa la población y los problemas relacionados con el abastecimiento de combustibles, existan personas que busquen beneficiarse de la necesidad de las familias orureñas.
“No es posible que sobre esta crisis económica, crisis de combustible que estamos teniendo, existan personas que de verdad sobre la desgracia les guste lucrar. No lo vamos a permitir”, dijo.
La autoridad municipal también dirigió su advertencia a los propietarios de tiendas, domicilios particulares y distribuidores que estarían participando en la comercialización irregular, señalando que los controles serán constantes y no se limitarán a intervenciones aisladas.
El anuncio se produce en un contexto de preocupación ciudadana por las dificultades para conseguir GLP a precio oficial, situación que afecta con mayor intensidad a los sectores que no cuentan con redes de gas domiciliario.
