Oruro, Bolivia. 16 de julio de 2019
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Según estudio de la CELAG

Bolivia habría perdido $us 74 mil millones de no haber nacionalizado sus empresas

A cuatro meses de haber asumido la presidencia, Evo Morales, decretó la nacionalización de los hidrocarburos desoyendo las advertencias que venían de extranjero. Seis meses después, una docena de multinacionales suscribieron más de 40 contratos con la empresa estatal YPFB.

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Periodista | EL FULGOR.com
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location_city La Paz, Bolivia
date_range 05 de mayo de 2019

Si el gobierno de Evo Morales no hubiera aplicado su política de nacionalización en una veintena de empresas estratégicas, el Estado boliviano habría perdido entre 67.000 y 74.000 millones de dólares en el periodo 2006-2017. Así se desprende de un estudio realizado por la Unidad de Debates Económicos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), que muestra los impactos de dichas políticas.

El estudio que fue revelado, el primero de mayo, fecha en la que además de celebrarse el Día Internacionalización del Trabajo, representa para el gobierno de Morales, el símbolo de la nacionalización, ya que a cuatro meses de haber asumido la presidencia  nacionalizó los hidrocarburos, luego las empresas mineras, después las telecomunicaciones, la distribución de energía eléctrica y otras que significaron para el erario nacional ingresos similares a dos productos internos brutos del 2017; es decir un ingreso adicional per cápita, entre 6.100 y 6.700 dólares.

El estudio, que fue elaborado mediante la metodología de simulación contrafáctica, da cuenta que con las nacionalizaciones se originó un efecto de retención de rentas que, con anterioridad a las políticas de Morales, salían del país en forma de utilidades. El estudio estima que el ahorro en divisas por este concepto -a lo largo de esos doce años- fue del 45% del (Producto Interno Bruto (PIB).

 Además subraya la importancia que ha tenido la política de recuperación de la propiedad de las empresas estratégicas para alcanzar los buenos resultados económicos del país durante los últimos 12 años, que le han llevado a ser el país suramericano con mayor crecimiento económico en los años 2009, 2014, 2016 y 2018  y  a tener una de las monedas más fuertes del continente, además de generar una mejoría notable en todos los indicadores sociales, incluido el salario mínimo nacional.

La mayoría de las medidas de estatización de las empresas estratégicas fueron dictadas el 1 de mayo, en homenaje a los trabajadores bolivianos


En 2019, el salario mínimo del país (Bs 2.120 equivalente A 307 $us) es el quinto más alto de Suramérica y superó al de sus vecinos Perú y Argentina, este último un destino tradicional de la migración boliviana.

El estudio también hace mención a las Reservas Internacionales que el gobierno tuvo la prudencia de acumular un gran stock que sirvieron para evitar inyectar esa  masa de  recursos  monetarios  a  la  economía,  evitando  así  agitar  las  presiones  inflacionarias.

“El stock de reservas también actuó como política contracíclica, es  decir,  como  fuente  de  financiamiento  para enfrentar  períodos  depresivos  como  el  provocado por la caída del precio de los commodities desde 2015. Se desprendió de 5.000 millones de dólares de sus reservas para financiar políticas contracíclicas durante los años 2015 y 2016 y, aun así, en 2017 mantiene un stock de reservas equivalente al 27% de su PIB”, agrega el informe.

Según datos del Ministerio de Economía, antes de 2005, la economía boliviana crecía en promedio 2% y las Reservas Internacionales Netas (RIN) bordeaban apenas los 1.000 millones de dólares.

En la actualidad, a 13 años de la nacionalización de los hidrocarburos, las RIN superan los 8.000 millones de dólares y la tasa de crecimiento, en la última década, se acerca al 5%, la más alta de la región.

RÉDITOS DE LOS HIDROCARBUROS

La nacionalización de los hidrocarburos, significó para Bolivia desde mayo de 2006, hasta diciembre del 2018, ingresos por alrededor de 38 mil millones de dólares, que se inyectaron al desarrollo del país, destacó por su parte el ministro del sector, Luis Alberto Sánchez, en declaraciones a la estatal Patria Nueva.

De estos recursos, alrededor de 16 mil millones de dólares fueron distribuidos a las gobernaciones, alcaldías y universidades públicas del país.

A tiempo de asegurar que la nacionalización del sector hidrocarburífero sacó a Bolivia de la "mendicidad", recordó que de 673 millones de dólares que recibía el Estado en 2005 antes de la medida, pasó a recibir 2.945 millones de dólares en 2017, en buena parte gracias a los altos precios internacionales.

Por otra parte, recordó que en 2005 el gas domiciliario llegaba sólo a 40 mil familias del país, cifra que subió a casi cinco millones de conexiones hasta el año pasado, es decir, alrededor del 50 por ciento de la población boliviana ya cuenta con gas domiciliario.

La histórica plaza Murillo ha servido de escenario para anunciar, ante una multitudinaria concentración de trabajadores, la nacionalización de las empresas estratégicas  que estaban en manos de trasnacionales


En este sentido, recordó que uno de los objetivos de la nacionalización de los hidrocarburos era promover la industrialización del gas, cuyo proceso fue consolidado con la puesta en marcha de dos plantas separadoras de líquidos y una de fertilizantes (urea), que  hasta diciembre del 2018 se exportaron 238.853 toneladas, lo cual representó un importe económico de $us  67.1 millones.

Sánchez explicó que, solo el año pasado, Bolivia exportó 200 millones de dólares en valor agregado del gas, con rubros como Gas Licuado de Petróleo, urea, gasolina blanca o isopentanos.

$US 828 MILLONES EN INDEMNIZACIONES

Hasta diciembre de 2016, el Estado boliviano habría pagado alrededor de 828,3 millones de dólares a 12 empresas mediante acuerdos tras arbitrajes. Cifra que representa el 24 % del monto demando inicialmente por las empresas, que se elevaba a 3.404 millones de dólares, destaca el informe anual de la Procuraduría General del Estado, citado por la agencia española de noticias Efe.

Entre las doce empresas figuran la española Iberdrola, a la que el Estado boliviano pagó 34 millones de dólares en 2015 después de nacionalizar sus cuatro filiales en 2012.

Bolivia también llegó a un acuerdo con Red Eléctrica Española, que recibió 36,5 millones en 2014 tras pasar a control estatal en mayo de 2012 su filial boliviana en el sector de transmisión.

Otras nacionalizaciones que acabaron con "arbitrajes cerrados exitosamente mediante procesos de negociación" fueron de filiales de la telefónica italiana Telecom y de las petroleras Shell y Pan American Energy LCC, entre otras.

De acuerdo al informe de la Procuraduría, el Estado afronta actualmente otros seis procesos de arbitraje con trasnacionales, entre ellos de la compañía de infraestructuras española Abertis, a la que el Estado boliviano expropió la gestora de aeropuertos Sabsa (participada por la también española Aena en un 10 %), que se ocupaba de los tres principales aeropuertos del país (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba).

Las otras cinco multinacionales en litigio con el Estado boliviano son la británica BP Global Investments, la canadiense South American Silver, la india Jindal Steel Bolivia y la suiza Glencore.

Las Fuerzas Armadas tuvieron un rol protagónico en los procesos de nacionalización, como símbolo de soberanía y nacionalismo, tal como lo hicieron en 1937, en la primera nacionalización de los hidrocarburos del gobierno militar de David Toro y en 1964, en el gobierno de Alfredo Ovando Candia.




1ro de mayo: símbolo de las nacionalizaciones

EL FULGOR.com

En Bolivia, además de celebrar el 1° de mayo, el Día Internacional del Trabajo, se conmemora el proceso de nacionalización de una veintena de empresas estratégicas, que pasaron a manos del Estado, mediante decretos emitidos en conmemoración a los trabajadores bolivianos.

El 1 de mayo del 2006, el Presidente Evo Morales aprueba el D.S. No. 28701 “Héroes del Chaco” mediante el cual el Estado recupera la propiedad, posesión y el control total de los hidrocarburos como una medida de Nacionalización de YPFB, modificando los contratos firmados con las empresas petroleras reajustando a favor del Estado los porcentajes de pago de regalías, 82 por ciento para el Estado y 18 por ciento para las empresas petroleras.

La histórica tercera recuperación de los recursos hidrocarburíferos de Bolivia (la primera fue en marzo de 1937 en el gobierno de David Toro. La segunda en 17 de octubre de 1969, gobierno también militar de Alfredo Ovando Candia), establecía que YPFB  debía  pasar  a  controlar  al  menos  el  51% de las empresas Chaco S.A.,  Petrobras  Bolivia,  Refinación  S.  A.  y Compañía  Logística  de  Hidrocarburos  de  Bolivia S. A

En  octubre de ese mismo año, dictó la estatización de la mina de estaño Huanuni (la tercera mina más grande del país) y posteriormente en mayo de 2007 la nacionalización de la empresa de fundición Vinto.

En mayo de 2008, nacionaliza la Compañía Logística de Hidrocarburos  y la telefónica Entel, filial de la italiana Telecom; además recuperó la mayoría de acciones de las petroleras Chaco, de Panamerican Energy (del grupo British Petroleum); Andina, filial de Repsol YPF; y de Transredes, transportadora de hidrocarburos participada por la británica Ahsmore y anglo-holandesa Shell.

En mayo de 2009, Morales nacionaliza la petrolera Chaco, participada por British Petroleum (BP) y por la argentina Bridas y nacionaliza Air BP, filial de la británica British Petroleum, que reparte combustibles en aeropuertos bolivianos.

En 2010 nacionaliza cuatro empresas eléctricas: Corani, participada en un 50 % por Ecoenergy International, subsidiaria de la francesa GDF Suez; Guaracachi, que tiene como principal accionista, con el 50 %, a la británica Rurelec PLC; Valle Hermoso, donde la mitad del capital está en manos de The Bolivian Generating Group de la Panamerican de Bolivia; y la cooperativa distribuidora Empresa de Luis y Fuerza Eléctrica de Cochabamba.

Debido a las elevadas tarifas, la  baja  calidad  de  servicio  y  el  bajo  nivel  de  cobertura  en  el  área  rural,  en diciembre de 2012, el Gobierno decidió nacionalizar  a  favor  de  ENDE:  Electricidad  de  La  Paz  S.  A.; la Empresa Luz y Fuerza de Oruro S.  A.-ELFEO  S.  A.;  Compañía  Administradora  de Empresas Bolivia S. A.- CADEB (actualmente ENDE  Tecnologías),  y  Empresa  de  Servicios  EDESER  S.  A.  (actualmente  ENDE  Servicios  y  Construcciones.

En febrero de 2013 se decretó la nacionalización de SABSA (Servicios de Aeropuertos  Bolivianos S. A.,  propiedad de las españolas Abertis y AENA.

Finalmente, el 1 mayo 2013 el Gobierno expropia las acciones en la  Empresa Rural Eléctrica La Paz SA (Emprelpaz).


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