Oruro, Bolivia. 09 de diciembre de 2019
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El Sistema Único de Salud (SUS) y las competencias de los Territorios Autonómicos

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date_range 28 de abril de 2019


MSc. Williams Claros Tellería (*)

La férrea oposición, resistencia y las reiteradas críticas a la implementación del Seguro Único de Salud (SUS), motiva a realizar las siguientes reflexiones, que necesariamente cuestionan este proceso de implementación: 

a) En la declaración de los derechos humanos se destacan el derecho a la salud. En este marco de referencia, la nueva Constitución Política del Estado, determina que: “Todas las personas tienen derecho a la salud; que el Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna”; asimismo, define: que “El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social.

b) Consecuentemente, con este mandato social, se promulga la  Ley Nº 475, de 30 de diciembre de 2013 y su DS 1984, de 30 de abril del 2014, que reglamenta esta Ley; establece y regula la atención integral y la protección financiera en salud de la población beneficiaria; así mismo establece las bases para la universalización de la atención integral en salud.

c) En su Art. 10º define que el TGN financiará los recursos humanos en salud. Para este fin, se crea la “Cuenta Municipal de Salud”, para la administración de: 1. El quince y medio por ciento (15.5%) de los recursos de la Coparticipación Tributaria Municipal o el equivalente de los recursos provenientes del IDH municipal. 2. los recursos trasferidos por un fondo compensatorio, denominado Fondo Compensatorio Nacional de Salud, para los municipios que demuestren recursos insuficientes para estas prestaciones de salud.

d) Esta Cuenta Municipal de Salud estará destinada a financiar las prestaciones que sean demandadas en establecimientos del primer, segundo y tercer nivel existentes en la jurisdicción municipal.  

e) La Ley Nº 1152 de 20 de febrero del 2019, establece las bases para la atención gratuita, integral y universal en los establecimientos de salud públicos, a la población beneficiada. En su Art 2. Se incluye el principio de “Gratuidad”, definiéndolo como la otorgación del servicio de salud sin ningún pago directo de los usuarios.

Esta norma, en el ámbito de su aplicación,  excluye a las entidades de  seguridad social de corto plazo y privado bajo convenio y otras entidades reconocidas por el Sistema Nacional de Salud. Asimismo, esta Ley establece en su  Art. 10., que el financiamiento para la atención de salud, solo es para el 1er y 2do Nivel de Atención.  

f) La atención del 3er Nivel y 4to Nivel de atención en salud, está direccionada a que el nivel Central del Estado Plurinacional se haga cargo, mediante la suscripción de un convenio con las gobernaciones; quienes vienen afirmando que este cambio de competencias se lo debe realizar mediante cambios en la Ley de Autonomías y no mediante un Convenio.

g) Este conflicto de competencias nos exterioriza que son “conflictos de competencias positivos”, es decir todos quieren ejercer esta competencia, de gestionar los servicios de salud. 

Este marco legal en su ejecución, tiene el gran reto para que la población pueda acceder a los servicios de salud de forma oportuna, de calidad  y que responda a las necesidades de la población,  para mejorar sus condiciones de vida. Este reto, implica que debe  definirse con carácter previo, las competencias de los diferentes niveles autonómicos, la población objeto, la demanda de servicios, infraestructura, equipos, activos, sistemas logísticos, de materiales, insumos, medicinas,  concretar el conjunto de prestaciones, la estructura de gestión y rectoría o el marco regulatorio.  

Así pues, el problema que se plantea es: ¿cómo integrar esta política de salud y los servicios de salud?

La respuesta debería darse en las normas establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” de 19 de julio de 2010, que constituye uno de los hitos más importantes de los últimos años,  estableciendo los cimientos de una  Bolivia Autonómica.

El nivel central del Estado, en sus competencias definidas como “exclusivas”, elabora la política nacional de salud y las normas nacionales que regulen el funcionamiento de todos los sectores, ámbitos y prácticas relacionados con la salud.

Al ser una competencia concurrente, es decir el Gobierno Central, una vez emitida una ley a nivel nacional, todos los niveles territoriales autonómicos, deberán reglamentar y ejecutar una norma en materia competencial. En este caso, la gestión del sistema de salud y  su implementación del sistema Único de Salud, que implica, formular y ejecutar  participativamente sus planes,  en concordancia con el Plan de Desarrollo Sectorial Nacional, administrar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud.

Este mandato involucra antes de su implementación, por parte de las entidades autonómicas, que trabajan e interactúan de manera directa y muy cerca,  con la población,  sus requerimientos de servicios de salud,  que se traduce con la demanda de salud, identificar sus potencialidades, debilidades, para definir la oferta de servicios de salud, que se integra  en  la elaboración y formulación de proyectos de salud, que deben completar a los diferentes programas,  que se ceñirán en los planes sectoriales, esto conlleva,  la definición de la población beneficiada de su territorio, la infraestructura y el equipamiento necesario para la prestación de los servicios de salud, los recursos humanos y  materiales, las medicinas e insumos, la definición de costos e inversiones en activos que se deben conocer para pasar a  definir una estructura de  presupuesto de capital, su estructura de fuentes  de financiamiento, que integraran los presupuestos de recursos y gastos por proyectos, programas que darán  lugar a los planes sectoriales.

Lo contrario a esta metodología es ingresar a la implementación a ciegas y con un total desconocimiento de la realidad del sistema de salud. 

Sin realizar esta etapa técnica, es imposible que se pueda lograr una implementación de calidad que satisfaga la aspiración de todos los bolivianos, que necesitamos un Sistema de Salud de calidad, ágil y oportuno en la  prestación de servicios de salud.


(*) Docente Servicios Públicos (UMSA).


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