Oruro, Bolivia. 18 de diciembre de 2018
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El 70% está detenida preventivamente

Bolivia con la tasa más alta de mujeres en prisión

Las cárceles de Bolivia presentan hacinamientos de hasta en un 290% de su capacidad.

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Periodista | EL FULGOR.com
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location_city La Paz, Bolivia
date_range 25 de noviembre de 2018

Alrededor del 50 por ciento de las mujeres, que se encuentran recluidas en las diferentes cárceles de Bolivia, están detenidas preventivamente, sin juicio ni sentencia, por La comisión de delitos patrimoniales, sin considerar que la mayoría son jefes de hogar y que al dejar en desamparo a sus hijos podrían replicarse patrones delincuenciales en su entorno familiar.

Juana Limachi, se encuentra recluida en la cárcel de Miraflores de la ciudad de La Paz, desde el 2016,  en espera de una audiencia judicial que suspenda su injusta detención por el crimen de su pequeña hija de siete años, del cual no participó, pero el juez que la condenó --inducido por la presión de la opinión pública-- la responsabiliza por un supuesto “abandono”.

A igual que Juana, miles de mujeres se encuentran recluidas en diferentes cárceles de Bolivia en espera de una audiencia para demostrar que no existen riesgos procesales para salir en libertad o al menos que les otorguen medidas sustitutivas para reconducir el cuidado de sus hogares o lo que queda de ellos.

Según el informe “Vulneración de derechos en la aplicación de medidas cautelares”, elaborado por la Defensoría del Pueblo con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Bolivia tiene la tasa de prisionización de mujeres más alta de Latinoamérica y el Caribe.

Aunque el informe no precisa datos estadísticos comparativos con los otros países de la región, la tasa de prisión por cada 100 mil habitantes en Bolivia está en el orden de 156 presos (hombres y mujeres). Estados Unidos y El Salvador, ocupan el primer y segundo lugar con tasas de 655 y 614 presos por cada 100 mil habitantes, respectivamente, según el Instituto de Investigación de Política Criminal (ICPR siglas en ingles). 

“La histórica situación de desventaja que ocupan las mujeres en una sociedad patriarcal como la boliviana, se ahonda en la justicia penal que hace oídos sordos a las específicas particularidades de las mujeres en conflicto con la ley penal”, destaca el informe defensorial al mencionar que  el sistema no toma en cuenta que las mujeres que delinquen lo hacen principalmente por razones de sobrevivencia de sus familias, que son el eslabón más débil del entorno delincuencial y que la mayoría son víctimas de violencia.

Las cárceles están construidas con visión machista no consideran las necesidades de las mujeres.


“Por todas estas razones es posible afirmar que la mayoría de las mujeres en conflicto con la ley penal no representan ningún peligro ni amenaza para la sociedad”, agrega el informe a tiempo de incidir en que la prisión preventiva, es un abuso del sistema judicial, más aún si se toma en cuenta que alrededor del 50% de las mujeres recluidas en el sistema penitenciario de Bolivia, se encuentran por delitos patrimoniales y sólo un 16% por daños a la integridad de otras personas.

CUADRO 1

Fuente: Defensoria del Pueblo

“MALA MADRE”

La historia de Juana, se inicia el 2 de diciembre de 2016, con la denuncia del Hospital Corea, por la tipología de “Violencia Física y Maltrato” contra la niña María de 7 años de edad, que es internada con un diagnóstico técnico grave: shock hipotérmico y edema cerebral. Al cabo de cinco días, fallece en el Hospital del Niño.

Ante el hecho, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) dependiente del municipio de la ciudad de El Alto Paz presenta una querella contra los progenitores Juana Limachi (a cargo de  los menores Lucinda y Pedro) y Mauricio Quenta, resultando ambos detenidos preventivamente. Además la madrastra, Ana Rodríguez (en estado de gestación, con una hermana menor de edad llamada Patricia), también es recluida preventivamente por el delito de violencia familiar y doméstica.

Por efecto de la detención preventiva de los progenitores y la madrastra, desde diciembre del 2016, tres menores: Lucinda, Pedro y Patricia se encuentran en el centro de acogida 24 Horas donde permanecen hasta que se defina su situación legal, hecho que es de conocimiento del Juzgado de la Niñez y Adolescencia de El Alto, que hasta la fecha no actúa en el marco de la normativa en vigencia.

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, la detención preventiva de Juana Limachi, madre biológica de la víctima, fue ordenada al margen de las disposiciones legales porque desde el inicio de la investigación se pudo determinar que no tuvo ningún grado de participación en los hechos de violencia que derivaron en el fallecimiento de la menor.

“La única explicación posible para esta detención preventiva, es la repercusión y el reproche social que generó el delito; lo que permite evidenciar, no sólo el uso de la detención preventiva como pena anticipada, sino el sesgo de género, al establecer como presupuesto de la detención preventiva el abandono de los hijos por parte de la madre;  dicho en otros términos, se la detuvo preventivamente no por haber cometido ningún delito, sino por ser “mala madre”, señala el informe defensorial.

Tal como se afirma en el estudio “Mujeres Privadas de Libertad”, elaborado por la Fundación Construir: “las mujeres en las cárceles están regidas por normas hechas a imagen y semejanza del dominio masculino. Son olvidadas por sus familias, la sociedad y el Estado; son mujeres doblemente condenadas, puesto que además de la condena jurídica, enfrentan la condena social por haber transgredido el rol de obediencia, de mujer sumisa impuesto por la sociedad, el de la maternidad, puesto que para la sociedad las mujeres que ingresan en la actividad delictiva se convierten en malas madres, pese a que las mismas, en gran parte de los casos se ven inmersas en el problema por la situación de carencia y la necesidad de cubrir la manutención de sus hijos/as”.

Mujeres embarazas y privadas de libertad.


En criterio de la Defensoría del Pueblo, el encarcelamiento de mujeres madres jefes de hogar, tiene gran impacto en la sociedad, ya que puede producirse situaciones de abandono, marginalidad y hasta de actividad delincuencial de las personas que se encontraban bajo su cuidado.

ABUSO DE LA DETENCION PREVENTIVA

Según el defensor del pueblo, David Tezanos Pinto, el estudio realizado entre el 2017 y 2018, en base a las audiencias de medidas cautelares, se evidenció un excesivo abuso de la detención preventiva, como pena anticipada, en violación a la presunción de inocencia; por lo que plantea esa instancia gubernamental la eliminación de estas prácticas reivindicando la presunción de inocencia como principio, derecho y garantía constitucional.

La detención preventiva no se aplica como una excepción sino como una regla en medidas cautelares, como pena prejuzgada, en muchos casos bajo presión mediática y social; lo que vulnera el derecho a la libertad, al juicio previo, a la presunción de inocencia, a la inviolabilidad de la defensa, a ser juzgado en un plazo razonable y al debido proceso”, destacó Tezanos Pinto.

70% CON DETENCIÓN PREVENTIVA

Según el estudio de la Defensoría del Pueblo la manifestación más visible del excesivo abuso de la detención preventiva, es el hacinamiento carcelario, que según el Viceministerio de Régimen Interior y Policía asciende al  290%; es decir, que su capacidad de albergue ha sido sobrepasada tres veces.

Según informó el titular de Régimen Interior, José Luis Quiroga, la población penitenciaria en el país llega a 18.970 personas de los cuales el 67,9 por ciento no tiene una sentencia condenatoria, por lo que  esa instancia gubernamental alista un censo para determinar la situación de las personas privadas de libertad.

El Defensor observó que una de las distorsiones que posibilita la prolongación de la detención preventiva es la reiterada y sistemática suspensión de las audiencias (según estudio llega al 47% la incidencia) generadas por diversos motivos, sobre todo atribuibles a los operadores del sistema debido a las deficiencias y obsolescencia del modelo de gestión judicial penal, más allá de la vulnerabilidad normativa.

Según el analista, Carlos Moreira Fuentes, una audiencia de sustitución de la detención preventiva puede ser suspendida hasta en 7 oportunidades por distintos motivos  e incluso pueden pasar meses y años hasta que un detenido preventivo sea liberado o en su defecto sentenciado. “Un grave ejemplo de aquello es el del señor Luis Córdoba Marca, quien permaneció detenido en Palmasola más de 21 años sin ser sentenciado, fue detenido en 1991 y liberado en 2013”, remarca para Urgente.bo.

Mujeres olvidadas por sus familias, la sociedad y el Estado por  haber incurrido en un delito penal.


RECOMENDACIONES AL SISTEMA JUDICIAL

A fin de superar las arbitrariedades que comete el sistema judicial contra las personas privadas de libertad, la Defensoría del Pueblo emitió 12 recomendaciones y recordatorios dirigidos al: Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Fiscalía General, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y Ministerio de Educación.

Entre algunas de las recomendaciones además de plantear la eliminación de la pena anticipada, está el implementar la “Guía Práctica sobre Medidas Dirigidas a Reducir la Prisión Preventiva” elaborada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; así como aplicar la prisión preventiva únicamente bajo la necesidad de asegurar la realización del proceso; la aplicación efectivamente excepcional de la prisión preventiva a mujeres embarazadas o con hijos lactantes menores a un año; formular y ejecutar políticas y planes para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos respecto a los alcances de la presunción de inocencia.

Además señaló que los efectos nocivos del abuso de la prisión preventiva  se plasma en los elevados costos sociales y económicos para el Estado, por lo que sugiere implementar programas de justicia restaurativa; crear los Servicios de Antelación al Juicio para recabar información necesaria para determinar los riesgos procesales a fin de que la autoridad jurisdiccional determine o no la imposición de medidas cautelares; modificar la normativa del régimen de las medidas cautelares en estricto apego a los principios de presunción de inocencia, juicio previo e inviolabilidad de la defensa y en consonancia con los estándares internacionales derechos humanos; y velar por la implementación del Protocolo de Audiencias de Medidas Cautelares.


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