Oruro, Bolivia. 23 de febrero de 2020
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Autoridades de Gobierno se comprometen a respetar la reserva de Tucavaca

Roboré y el Gobierno firman acuerdo para solucionar el conflicto del Valle de Tucavaca

Formarán la comunidad Tupac Amaru, son 36 familias beneficiadas por el INRA para asentarse en el Valle de Tucavaca. Con autorización del INRA y el IBT se desmontaron 55 hectáreas dejando una profunda herida en el bosque. Ministro de Gobierno logra un acuerdo de 30 días para resolver el conflicto.

El área desmontada del bosque del Valle de Tucavaca

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Periodista | EL FULGOR.com
location_city La Paz, Bolivia
date_range 18 de noviembre de 2018

En Bolivia donde la densidad demográfica es de 11 personas por kilómetro cuadrado, vale decir que en el país hay 100 hectáreas para cada 11 personas, el conflicto por la tierra sigue siendo confuso, mal administrado y un tema de permanente conflicto.

La dotación 55 hectáreas por parte del Instituto de Reforma Agraria (INRA) a 36 familias que formarán parte de la comunidad Tupac Amaru, en Tutavaca una reserva forestal única en el mundo que forma parte del bosque seco del municipio de Roboré y la Chiquitanía  ha provocado un nuevo conflicto, que derivó el pasado 11 de noviembre en la quema de las instalaciones de la Policía en el Municipio de Roboré.

Todo comenzó a gestarse el año 2010,  cuando el  Director Regional del INRA en Santa Cruz, Diego Marquina, anunció públicamente que esa entidad se alistaba para entregar 16 hectáreas a seis comunidades agrarias en la reserva municipal valle de Tucavaca, en Roboré, la cual explicó que tiene tres categorías: un área que no es apta para dotaciones, otra de similar aspecto y la tercera que es de uso doméstico y será esta  dotada en coordinación con el municipio de Roboré, lo cual afectará a la reserva Tucavaca un 6% (16.360 ha), declaró entonces el director del INRA Diego Marquina  y nadie le tomó ningún apunte, ni el entonces alcalde de Roboré que estaba  en funciones  y estaba enterado de la dotación.

En esa oportunidad el ejecutivo del INRA argumentó que el año 2000, mediante Ordenanza Municipal 013/2000, se creó la Reserva Municipal del Valle de Tucavaca; sin embargo, en enero de 2006, se la declaró como reserva departamental, mediante Resolución Prefectural N° 08/2006, pero el años 2009 el municipio de Roboré volvió a ratificarla  como municipal mediante el área, por lo cual el INRA ya hizo el saneamiento, sostuvo el 10 de octubre de 2010.

Iván Quezada, Alcalde de Roboré, Carlos Romero y César Cocarico en la reunión de conciliación.


Por su parte, el mismo año el Director General de Administración de Tierras  del INRA, Franz Chávez, explicó que el gobierno delineo una política de dotación de tierras fiscales a familias migrantes residentes en Argentina  y cuyo proyecto piloto comenzará dijo enfáticamente en el municipio de Roboré donde se entregará “1.500 hectáreas a 30 familias que residen en Buenos Aires”.

El  secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente del gobierno autónomo de Santa Cruz, Manlio Alberto Roca, el 11 de octubre de 2010, contestó a estas declaraciones y sostuvo que el INRA quería 16.000 ha del valle para dotarlas a seis sindicatos que se han formado de la nada.

“El INRA ya está haciendo las listas de los beneficiarios, y el Estado promueve asentamientos ilegítimos en una tierra que no tiene vocación agrícola ni forestal. Como Gobernación vamos a parar esto”, advirtió, Roca al apuntar que Tutavaca es una  mancha única de biodiversidad, es lo que se llama el Bosque Seco Chiquitano, un cinturón que es rarísimo encontrar en el mundo.

La Gobernación de Santa Cruz y la Alcaldía de Roboré desde el año 2010 sabían que el INRA estaba trabajando en la dotación de tierras fiscales en el valle de Tucavaca y no hicieron nada por detener, este proceso que además concluyó el año 2016, con la Resolución del INRA que establece la dotación de 16 hectáreas a 36 familias en el Polígono 107 del valle de Tucavaca y la orden de  la  Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) que autoriza el desmonte de 50 hectáreas incluyendo la vía carretera de 3 kilómetros con un ancho de vía de ocho metros.

GOBERACIÓN DICE QUE ES ÁREA PROTEGIDA

Pese a la versión del INRA que las 16 hectáreas dotadas están dentro del área doméstica de Tucavaca y la Gobernación sabiendo que pasaba, en medio del conflicto el      secretario general municipal de Roboré, Carlos Ragone Justiniano, aseguró que la zona del asentamiento se encuentra dentro de las 24.000 hectáreas del área declarada forestal municipal mediante resolución ministerial en 2006, territorio al que en diciembre del 2017 se le puso otro ‘candado’ para protegerlo: la Alcaldía aprobó la ley municipal 059/2017 que eleva esa zona a reserva ecológica, sostuvo.

El acuerdo entre gobierno y autoridades de Roboré.

CON RESOLUCIONES EN MANO

Con las resoluciones en la mano tanto del INRA como de a ABT,  el 10 de  octubre de 2018,  las 36 familias adjudicadas con la dotación se trasladaron hasta el valle de Tucavaca en el polígono 107 del bosque seco y abrieron tres kilómetros de un camino de ripio a medida que  ingresaba la maquinaria se  procedió  a desmontar 55 hectáreas (camino y dotación) de árboles entre ellos tajibos, mara y cuchi y otras especies y se hizo migrar a toda la fauna del lugar, pues el lugar quedo prácticamente pelado.

Para borrar la huella de los árboles tumbados,  los mismos adjudicatarios procedieron hacer leña, los quemaron  en el mismo lugar, declaró el alcalde de Roboré, Iván Quezada, al admitir que como municipio no se dieron cuenta de lo que pasaba,  sino que fueron alertados del hecho por una Organización No Gubernamental que trabaja en el país con temas ambientales.

“Como cadáveres están acostados algunos de los árboles que un grupo de hombres ha derribado en el área forestal de la reserva municipal dentro del Valle de Tucavaca del municipio de Roboré, en Santa Cruz. Es un panorama literalmente desolador, un funeral ecológico en plena selva. Las plantas que se han librado de la muerte observan tamaño desastre”, describía el hecho  periodista de El Deber, Roberto Navia, días después desde la zona donde se trasladó para verificar y fotografiar la zona del desmonte.

La comunidad no podría asentarse en este momento, pues el lugar es inhabitable porque no cuenta con agua y el río más próximo está a 15 kilómetros, sólo el agua de la lluvias y su correspondiente cosecha podrían hacer que alguna familia sobreviva en el lugar.

Quema de las instalaciones de la Policía en Roboré.


EL CONFLICTO

Enterados del hecho, el 12 de noviembre pasado,  los pobladores de Roboré, civiles, militares, estudiantes, amas de casa, médicos se unieron y decidieron iniciar un paro cívico con bloqueo indefinido de carretera y vía férrea desde las cero horas  hasta que autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) se hagan presentes en el lugar y se explique lo sucedido.

Según, Hugo Antonio Salmón, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental y legislador por la provincia Chiquitos, el INRA se había comprometido a anular la Resolución sobre la dotación de las 16 hectáreas en el valle de Tucavaca y no cumplió.

 “Las medidas se determinaron debido al incumplimiento del INRA en el compromiso de hacer llegar de manera formal, la resolución de anulación de las comunidades que están asentadas dentro del área forestal municipal”, sostuvo al ratificar la medidas y el bloque de la ruta internacional que une a Bolivia a través de Roboré, Puerto Suárez, Puerto Quijarro con le Brasil en Corumba.

El martes 13, la Policía intervino con gases los puntos de bloqueo instalados en Roboré, Aguas Calientes y Chochís por lo que la gente enardeció y acabó quemando la infraestructura de las instalaciones de la Policía. A la protesta se sumaron  los alcaldes de toda la Chiquitanía San Rafael, San Javier, San José, San Ignacio de Velasco. Además, el transporte internacional amenazó con entrar al bloqueo

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, para evitar se extienda el conflicto instó al comité de huelga a dialogar en la ciudad de Santa Cruz.

EL CUARTO INTERMEDIO

Este miércoles 14 de noviembre, con la presencia del Ministro de Gobierno   Carlos Romero, de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico y alcalde de Roboré Iván Quezada,  las máximas autoridades de la Chiquitanía y la Defensora del Pueblo de Puerto Suárez, Roxana Vaca la madrugada de este jueves 15 de noviembre, se   logró firmar un acuerdo de siete puntos.

El primero establece un plazo de 30 días para que se realice una inspección técnica para verificar si la comunidad dotada Tupac Amaru está dentro del  Polígono 107, reserva del Valle de Tucavaca  reserva Paquio.

Se suspende las medidas de presión hasta que se tengan los resultados en 30 días, se da un cuarto intermedio al conflicto, además se tiene el compromiso del Gobierno que no habrán nuevos asentamientos en el valle de Tucavaca y si los hay será en acuerdo con el municipio.

El bosque seco chiquitano, único en  el mundo.


LA DOTACIÓN DE TIERRAS UN PERMANENTE CONFLICTO

Nacimos a la vida independiente en 1825, con una extensión territorial de 2.363.769 kilómetros cuadrados y una población que apenas llegaba al millón de habitantes.

Esto impidió que se ocupe el territorio y el Estado tenga presencia nacional y el cercenamiento de mar y tierra empezando con Brasil que le quitó el Acre y parte del pantanal, Chile que anexó todo el Litoral boliviano, Paraguay parte del Chaco Boreal en una penosa guerra y así, hoy tenemos 1.098.581 kilómetros cuadrados y perdimos 1.265.188.

Los países, con enormes territorios, como Estados Unidos, por lo general para ocupar y tener presencia de Estado han acudido a la migración controlada, otros fomentaron la natalidad, sin embargo en Bolivia la tierra siempre estuvo en manos de pocos, hasta la Reforma Agraria de 1952  amplió la propiedad de tenencia de la tierra a  los campesinos con el “lema la tierra es de quien la trabaja” esto, también posibilitó que las dictaduras como la de Bánzer se apropien de manera gratuita de tierras fiscales, que hoy son comercializadas –especialmente en Santa Cruz- como propiedades urbanas para construcción de vivienda, pues, en el Oriente y la Amazonía, la Ley INRA aprobada en 1990 recién reconoce tierra y territorio  a las comunidades indígenas o TCOS y respeta, las áreas protegidas.

A partir de esta distribución, según el INRA los campesinos han consolidado 14 hectáreas por familia, mientras que  los indígenas 56 hectáreas por familia y los empresarios 930 hectáreas por unidad empresarial, siendo este sector que tiene en su poder 9 millones de hectáreas, que son consideradas las más ricas y las más productivas, ubicadas especialmente en Santa Cruz y que hoy, en un acuerdo con el Gobierno se extienden hacia la amazonia beniana, donde empezó la siembra de soya transgénica.

Según datos de la Fundación Tierra la superficie de tierra fiscal hasta el año 2016, fue de 8.135.593 y se distribuyeron 2.844.349 a favor de 36.056 familias, entre estas familias están las 36 que forman parte de la comunidad Tupac Katari en el Valle de Tucavaca donde se desmontó 16 hectáreas provocándole una visible herida al bosque seco de la Chiquitanía, una lugar único en el mundo, que no había sido tocado  en los 193 años de la historia de Bolivia.

Es un área protegida única en el mundo.



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