Oruro, Bolivia. 20 de octubre de 2018
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Convención nacional se realizó la semana pasada en La Paz

La trata y tráfico de personas es el tercer delito más lucrativo del mundo

El representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), en Bolivia, Thierry Rostan.

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Periodista | EL FULGOR.com
location_city La Paz, Bolivia
date_range 30 de septiembre de 2018

El delito de Trata y Tráfico de personas es el tercer delito más lucrativo de la humanidad sólo superado por el narcotráfico y el tráfico de armas, dijo el ministro de Justicia, Héctor Arce durante el acto de inauguración de la Convención Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas efectuada la semana pasada, en La Paz.

De acuerdo a estadísticas oficiales, 12,3 millones de personas son víctimas de trata y tráfico en todo el mundo de las cuales el 71 por ciento pertenecen al sexo femenino.

Es una problemática recurrente en materia de Seguridad Ciudadana, la explotación laboral y sexual de niñas, niños y adolescentes que se presentan de manera encubierta en varios sectores sociales y es la Ley Integral 263 Contra la Trata y Tráfico de Personas que norma el combate contra estos delitos.

Se entiende por trata de personas como: La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación laboral, sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

La Convención Nacional Contra la Trata y Tráfico de Personas efectuada en la ciudad sede de gobierno, estuvo orientada a sentar las bases para elaborar un nuevo plan que se adecue a estándares internacionales.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, y el comandante general de la Policía, Gral. Alfonso Mendoza.


En la ocasión, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), en Bolivia, Thierry Rostan, manifestó que el Sistema de Naciones Unidas aboga por fortalecer las estrategias nacionales y subnacionales contra la trata de personas, apoyando al Estado Boliviano en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Refiriéndose a las víctimas de la trata y tráfico de personas, así como a sus familiares, amigos y comunidades afectadas, indicó que el dolor que los criminales les han provocado trasciende el entendimiento común.

Manifestó que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogen el principio de que “nadie puede quedar atrás en el camino hacia la justicia eficiente, diligente y eficaz”.

Rostan compartió “algunos datos que estremecen por sus terribles dimensiones”: De la totalidad de víctimas de trata, solamente 60.000 fueron identificadas entre 2014 y 2016 en 106 países; del 100% de casos identificados de trata de personas, el 70% fueron mujeres, incluyendo niñas y adultas; en 2014, casi 3 de cada 10 víctimas de trata fueron menores, de los cuales la mayoría fueron mujeres; en América del Sur, esta cifra sube a casi 4 de cada 10 víctimas. También dijo que el número de niños y hombres víctimas de trata está en aumento y las niñas y niños siguen siendo los grupos más vulnerables.

Destacó las acciones que desarrolla Bolivia para reprimir la trata y tráfico de personas y reafirmó su compromiso de continuar apoyando al país para enfrentar estos delitos.

“Desde NNUU somos conscientes de los esfuerzos que Bolivia invierte para luchar contra esos delitos y esta Convención Nacional que se realizó en La Paz con diferentes instituciones y organismos internacionales es muestra de ello”, afirmó.

La convención tuvo por objetivo general “propiciar un espacio de diálogo interinstitucional que permita fortalecer estrategias del Estado Plurinacional de Bolivia frente a los delitos de trata y tráfico de personas, con énfasis en avances en implementar la Ley 263 y la Política Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, indicó.

La Convención Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas contó con la participación de las instituciones que son parte del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, representantes de los nueve Consejos Departamentales contra estos delitos, organizaciones de la sociedad civil y agencias de Naciones Unidas: OIM, OIT, ONU-Mujeres, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNODC y UNV.

La convención fue organizada por el Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana y Dirección General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, con el financiamiento de la Embajada de Suecia y el Gobierno boliviano.

En la convención, cerca de 200 participantes reflexionaron sobre los avances y dificultades en el cumplimiento de la normativa nacional e internacional, además de sugerir propuestas de acciones que permitan enfrentar los retos que presenta la lucha contra la trata y tráfico de personas.

La Policía hizo una movilización estudiantil contra la trata y tráfico de personas.


El ministro de Justicia, Héctor Arce, reafirmó el compromiso del Gobierno boliviano de continuar incansablemente, con una serie de políticas y acciones, la lucha contra la trata y tráfico de personas.

“Quiero adherir el compromiso del Gobierno, del presidente Evo Morales, de las instituciones del Estado, de proseguir luchando incansablemente contra la trata y tráfico de personas, delitos que merecen toda nuestra condena”, afirmó.

El ministro Arce hizo un breve repaso sobre estos dos delitos que perturban a la sociedad y los países, fundamentalmente a naciones en vías de desarrollo.

“Las cifras son alarmantes, es el tercer delito más lucrativo de la humanidad solo superado por el narcotráfico y el tráfico de armas. Además, 12,3 millones de personas anualmente en el mundo serían víctimas de trata y tráfico y el 71% pertenecen al sexo femenino”, puntualizó.

Asimismo, dijo que el 65% de estos delitos se dan en países pobres, las víctimas tienen escaso nivel de desarrollo.

Reconoció el momento difícil que atraviesa la justicia en Bolivia, pero también tiempos de cambios en ese sector.

Comentó que se están trabajando en propuestas normativas que resuelvan los temas urgentes como la Ley de Abreviación Procesal.

Reflexionó que más allá de las normas está la actitud de las personas, pues la responsabilidad para luchar contra estos delitos no sólo es trabajo del Estado sino que está en la ciudadanía que debe cuidar su familia, educarla y generar valores para enfrentar este tipo de situaciones.

Se refirió al avance tecnológico y las redes sociales como importantes en la sociedad cuando son bien utilizadas, pero también consideró que suponen riesgos por lo que considera necesaria una regulación para evitar que sea utilizado en actividades delincuenciales como la trata y tráfico.

La autoridad llamó la atención sobre el peligro del mal uso de las redes sociales como instrumentos para alentar delitos, por lo cual, dijo, deberían ser reguladas. Destacó la labor de la Policía Boliviana por su capacidad técnica en el tratamiento de los casos de trata y tráfico y sostuvo que estos hechos no solo son responsabilidad del Estado, sino también de la sociedad.

Por su parte, el Viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, remarcó que el Gobierno consolidó alianzas estratégicas interinstitucionales para la realización de campañas de prevención y la aprobación de un Plan Trienal contra la Trata y Tráfico de Personas, que incluye la formación y actualización de operadores de justicia.

“Estamos frente a un delito cuya lucha e información deben ser manejados con seriedad y responsabilidad”, dijo al precisar que en 2017 se realizaron 465 denuncias, de las cuales más del 70% de las personas desaparecidas fueron encontradas.

La Tte. Gaby Coca de la División de Trata y Tráfico de Personas expone estadísticas en la convención


LA PAZ

La jefa de la División Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Tte. Gaby Coca, informó que entre enero y la fecha se registraron 1.190 denuncias de personas desaparecidas.

“En el departamento de La Paz se registra el mayor número de casos de personas desaparecidas. Las estadísticas establecen que de enero a la fecha hay un total de 1.190 casos”, dijo.

Explicó que 87% del total de desaparecidos fue encontrado y regresó a sus hogares y 13% continúa perdido y en proceso de búsqueda.

Dijo que esos casos no precisamente están vinculados a los delitos de trata y tráfico de personas, sino que se relacionan a abandono de hogar, de niños o casos de estupro y violaciones.

Tampoco se vinculan a los supuestos raptos, secuestros o el término mal empleado de robo de menores que aparecen entre las noticias falsas que circulan en las redes sociales.

Manifestó que 636 casos reportados corresponden a niños y adolescentes, de cuyo total 91% fue encontrado.

Entre los factores que inciden en la desaparición de personas citó la conducta y consumo de alcohol en 74%; problemas familiares, 16%; problemas económicos, 5%; proceso de separación de los padres, 4%; y 1% los extravíos.



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